Colombia ganó una batalla legal importante en defensa del acceso a medicamentos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) rechazó completamente la demanda presentada por las farmacéuticas ViiV Healthcare Company y Shionogi & Co., Ltd., quienes cuestionaban la autorización que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había dado para producir versiones genéricas del dolutegravir, un medicamento fundamental para tratar el VIH.

El conflicto comenzó cuando Colombia tomó una decisión histórica en abril de 2024: otorgar por primera vez una licencia obligatoria sobre una patente farmacéutica. En otras palabras, el país decidió permitir que se fabricaran medicamentos similares al original, pero mucho más baratos, sin la autorización de quien tenía los derechos exclusivos de fabricación. Las empresas reclamaron que esto violaba las normas de propiedad intelectual de la región.

El Ministerio de Salud encontró un problema concreto: el precio del medicamento bajo patente hacía imposible ampliar el tratamiento a más pacientes. Mientras que una persona requería 1.224 dólares anuales para comprar el medicamento original, la compra de versiones genéricas a través de organismos internacionales costaba apenas 44 dólares al año. Con ese ahorro, Colombia podía tratar a 27 personas con lo que costaba tratar a una sola con el medicamento de patente.

La SIC explicó que la licencia se otorgó porque había una necesidad real de salud pública. El medicamento se necesitaba especialmente para pacientes recién diagnosticados con VIH, personas con fracaso del tratamiento anterior, migrantes y quienes requieren prevención después de una posible exposición. Además, tanto la Organización Mundial de la Salud como la guía clínica colombiana recomiendan el dolutegravir como la mejor opción de primera línea para tratar el VIH.

El tribunal andino concluyó que Colombia actuó dentro de lo permitido por la ley regional y que la SIC cumplió correctamente todos los requisitos legales. La decisión es significativa porque establece un mensaje claro en la región: la propiedad intelectual, aunque importante, debe ceder ante derechos fundamentales como la salud cuando está en juego el acceso a tratamientos esenciales. El fallo reconoce que los derechos de patente tienen una función social y deben equilibrarse con la protección del interés general de la población.