El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, doctor Ariel Emilio Cortés, se pronunció a través de redes sociales para desmentir las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien durante una alocución la noche del 27 de abril acusó a la entidad de ocultar información sobre la muerte de Kevin Arley Acosta Pico. El mandatario había señalado que "Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe. No lo entregan al público, ni al Gobierno, ni a la familia".

Cortés aclaró de manera contundente que el instituto, actuando como auxiliar de la justicia, no tiene la facultad legal de entregar resultados de necropsias sin orden judicial. Explicó que estos documentos solo pueden ser compartidos con las autoridades competentes que adelanten investigaciones sobre el caso. El director también detalló que el 4 de marzo el Ministerio de Salud solicitó la historia clínica e informe de necropsia, a lo cual el instituto respondió siguiendo el ordenamiento jurídico. Posteriormente, el Ministerio presentó una tutela el 25 de marzo por presunta vulneración del derecho de petición, pero el 14 de abril el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente esa tutela.

Kevin Arley Acosta Pico tenía solo 7 años y padecía hemofilia A severa, enfermedad que le había sido diagnosticada desde bebé. Recibía un medicamento llamado Hemlibra cada 28 días aproximadamente para controlar los episodios de sangrado. Sin embargo, la Nueva EPS dejó de suministrarle el tratamiento desde el 12 de diciembre del año anterior, y en enero de 2026 quedaron sin convenio.

La tragedia ocurrió el 31 de enero cuando Kevin se cayó de su bicicleta en Palestina, Huila. Su madre, Yudy Katerine Pico, relató que lo llevó a urgencias pero el hospital no lo remitió a una institución especializada. Pidió insistentemente que lo trasladaran porque sabía que necesitaba medicamentos urgentes y que el golpe en la cabeza era especialmente peligroso en un paciente con hemofilia, pero le respondieron que la Nueva EPS no autorizaba la traslación y no había camas disponibles. El niño falleció el 13 de febrero de 2026.

La Procuraduría, en un informe de marzo, concluyó que la negligencia de la Nueva EPS fue determinante en el fallecimiento del menor, pues omitió la entrega de medicamentos esenciales para controlar la hemofilia que padecía.