Tres acciones emanadas del Ministerio de Agricultura esta semana traen a la luz una tendencia preocupante: la política pública rural está siendo gobernada más por consideraciones políticas que por criterios técnicos sólidos. Cuando se analizan estos hechos en conjunto, queda clara una deriva que inquieta a quienes conocen lo que implica manejar adecuadamente el campo colombiano.

El primero de estos hechos fue el anuncio de 52 mil millones de pesos para compra de fertilizantes que serían entregados a más de 108 mil productores en 421 municipios. Aunque suena bien, el análisis revela problemas significativos. Cerca del 90 por ciento de esos recursos provienen del Fondo de Estabilización de Precios, dinero que aportaron los propios cafeteros, no un esfuerzo fiscal nuevo del Estado. Además, si el riesgo climático real es la falta de agua, fertilizantes no solucionan eso. Lo técnicamente correcto hubiera sido subsidiar seguros agrícolas contra sequías o crear créditos para sistemas de riego. Lo que se hizo fue tomar recursos del sector, cambiarles el nombre y presentarlos como conquista gubernamental en un contexto preelectoral.

El segundo movimiento fue una restricción a las exportaciones de ganado en pie menor de dos años, con el argumento de controlar precios de la carne. El problema: esos bovinos representan apenas el 0,5 por ciento del hato ganadero nacional, un volumen incapaz de incidir realmente en lo que paga el consumidor. Si se quería moderar precios, lo correcto era abrir temporalmente importaciones, fortalecer frigoríficos regionales, reducir intermediarios y mejorar productividad. En cambio, la medida castiga al ganadero sin resolver nada para quien compra la carne.

El tercero y más grave fue el intento de eliminar a los jueces de los procesos de tierras, concentrando esas funciones en la Agencia Nacional de Tierras. Esto significa quitar a los tribunales decisiones sobre clarificación de propiedad, recuperación de baldíos y deslinde de terrenos. El actual sistema, con fases administrativa y judicial, garantiza equilibrio y control. La Corte Constitucional ya confirmó su constitucionalidad. Eliminar los jueces de este proceso no es reforma agraria: es concentración de poder sobre la tierra. En democracia, eso sobrepasa cualquier límite.