Un nuevo comunicado del ELN encendió las alarmas en el país. El grupo armado ilegal difundió a través de redes sociales un video donde asegura haber emitido lo que denomina un "fallo" contra dos policías y dos funcionarios del CTI que permanecen secuestrados desde el 8 de mayo, cuando fueron capturados en el municipio de Fortul, en Arauca.

En el documento audiovisual, el ELN argumenta que decidió no aplicar la pena capital a dos de los retenidos, pero los condenó a lo que llama "prisión revolucionaria", con castigos que van hasta 60 y 55 meses. La organización justifica estas decisiones acusando a los funcionarios de espionaje y acciones contra su estructura, mientras menciona la posibilidad de un canje humanitario de prisioneros.

La reacción del Estado fue inmediata y tajante. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fue claro en su respuesta: "El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico", aseguró el funcionario. Calificó el comunicado como un acto cobarde y subrayó que el secuestro constituye un delito grave que viola los derechos humanos y compromete la seguridad nacional.

Sánchez Suárez envió un mensaje directo a las familias de los cuatro secuestrados, reiterando que el Estado colombiano no las abandona y mantiene todos los esfuerzos para lograr la liberación de sus seres queridos. En ese sentido, recordó que el secuestro puede ser castigado con penas de hasta 40 años de prisión y que no existe justificación alguna para retener a personas bajo ningún concepto.

El Gobierno también hizo un llamado urgente a distintos sectores: organizaciones defensoras de derechos humanos, la Iglesia Católica y la comunidad internacional, para que se sumen a exigir la liberación inmediata de las víctimas. Y es que este caso vuelve a exponer la gravedad del secuestro como problema nacional, mientras el ELN sigue siendo señalado por homicidios, reclutamiento forzado, terrorismo, narcotráfico y extorsión.

Ante esta situación, la cartera de Defensa hizo énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana. Recordó que existe una línea gratuita nacional, el 107, disponible las 24 horas, donde cualquier persona puede denunciar de manera confidencial información que ayude a ubicar a los secuestrados o que prevenga acciones criminales.

El caso continúa generando preocupación mientras crece la presión nacional e internacional para que estas cuatro personas recuperen su libertad.