Casi una década después de descubrir un negocio turbio, la Superintendencia de Sociedades puso punto final a la intervención de Rédito S.A., la empresa que durante años captaba dinero ilegalmente del público a través de operaciones de factoring (compra de deudas comerciales).

El camino fue largo. Todo comenzó el 7 de octubre de 2016, cuando la Superintendencia ordenó el cierre inmediato de las actividades de Rédito S.A. por considerar que su funcionamiento constituía una captación ilegal de recursos. A partir de ahí se inició un proceso de liquidación judicial que acaba de cerrarse, después de que la entidad aprobara las cuentas finales presentadas por quienes administraron el proceso.

Durante estos años, la liquidación permitió recuperar dinero para las víctimas. Se ejecutaron dos planes de pago que dejaron devoluciones por un total de $1.631.739.266, complementado con la adjudicación de un inmueble avaluado en $170.280.000. Con esto se agotaron todos los recursos que se lograron localizar y recuperar.

El 6 de febrero pasado, la Superintendencia formalizó el cierre después de verificar que no existían más activos disponibles o bienes que pudieran realizarse. Con este visto bueno se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y la cancelación de los registros mercantil y tributario de la compañía. Sin embargo, la entidad aclaró que el proceso podría reabrirse si en el futuro aparecen nuevos bienes que puedan destinarse al pago de deudas pendientes.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, resaltó lo que significó este cierre: "La confianza se construye con hechos, y cada proceso que cerramos con transparencia es un mensaje de respeto hacia quienes se han visto afectados. Desde la Superintendencia de Sociedades actuamos con rigor técnico y sentido de responsabilidad para garantizar que los recursos disponibles se destinen efectivamente a la reparación de los perjudicados, agotando todas las instancias legales previstas".

Para los afectados por el fraude de Rédito S.A., este cierre representa el fin de una etapa de incertidumbre. Aunque los recursos recuperados quizá no cubran completamente las pérdidas sufridas, marca el momento en que una institución estatal logró ejercer control, investigar y sancionar a quienes operaban fuera de la ley en el sector financiero colombiano.