A diferencia de otros países que establecen restricciones por edad avanzada, Colombia permite que sus conductores sigan manejando indefinidamente. La única condición es demostrar que poseen las capacidades físicas y mentales necesarias para hacerlo de forma segura. Esta flexibilidad está consagrada en la Ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito, que prioriza la evaluación individual sobre límites etarios automáticos.

La Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte establece los protocolos que deben cumplir especialmente los mayores de 65 años. El trámite no es complicado pero sí riguroso. Primero, deben someterse a una evaluación médica completa en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se examina la salud general, capacidad visual, audición y coordinación motriz. Luego vienen las pruebas psicológicas que evalúan aspectos cognitivos y tiempo de reacción. Un requisito adicional: estar al día en el pago de multas de tránsito. Una vez aprobados, todos los resultados quedan registrados en el RUNT, el sistema nacional que centraliza la información de conductores.

La frecuencia de renovación se ajusta según la edad. Para quienes tienen licencias de categoría A o B, la renovación ocurre cada diez años hasta los 60 años. Después de esa edad, la periodicidad se reduce a cinco años. Pero los conductores mayores de 80 años enfrentan un control más estricto: deben renovar su licencia cada año con presentación de exámenes médicos actualizados. Algo similar sucede con la categoría C, que requiere renovación cada tres años antes de los 60 y anualmente después.

Los documentos necesarios para el trámite son básicos: cédula de ciudadanía, inscripción activa en el RUNT y certificación médica de un centro autorizado. Desde 2022, la Ley 2251 reconoce la licencia digital como válida, ofreciendo una alternativa a la versión física. Los costos varían por región. En Bogotá, para 2026, la renovación cuesta aproximadamente 128.700 pesos para automóvil y 222.100 pesos para motocicleta, sin contar los gastos de los exámenes médicos que cada centro fija de forma independiente.

Este sistema busca equilibrar dos objetivos: permitir que las personas mayores mantengan su independencia y movilidad, pero bajo supervisión regular de su aptitud. Las evaluaciones periódicas funcionan como un mecanismo de control que prioriza la seguridad vial sobre restricciones por edad.