Ante la ola de dudas que ha generado la entrada en vigencia de nuevos estándares técnicos para medidores, la Superintendencia de Industria y Comercio salió al paso con un comunicado oficial para dejar en claro que no existe orden alguna de reemplazar de manera masiva los contadores de energía, agua y gas en el país.

La confusión surgió porque la SIC, en su rol como autoridad nacional de metrología legal, expidió tres reglamentos técnicos separados con el fin de garantizar que los instrumentos de medición que lleguen al mercado colombiano cumplan con estándares de precisión y seguridad. El reglamento para medidores de energía eléctrica entró en vigor el 5 de enero de 2026; el de agua el 13 de marzo de 2026, y el de gas a partir del 19 de junio de 2026.

Pero aquí está el punto central: estas normas no afectan a los medidores que ya están instalados en viviendas y apartamentos. Solo aplican en tres situaciones específicas: cuando ingresan equipos nuevos al mercado nacional, cuando se instala un medidor por primera vez, y cuando uno existente tiene fallas técnicas tan graves que no se pueden reparar y debe ser reemplazado.

Las empresas prestadoras de servicios pueden decidir adelantar programas propios de modernización o cambio por vida útil de sus equipos, pero esas son decisiones comerciales de cada compañía, no mandatos regulatorios. Como lo señala la SIC, "los programas de modernización, reposición tecnológica o cambio por vida útil que adelanten algunas empresas prestadoras corresponden a decisiones propias de dichos prestadores y no se derivan automáticamente de los reglamentos técnicos expedidos por esta Superintendencia".

Para los usuarios que reciban solicitudes de cambio de medidor, la SIC recomienda exigir una explicación clara sobre la causa técnica del daño. También advierte que la expedición de estos nuevos reglamentos no invalida automáticamente el funcionamiento de los medidores actuales. Si considera que está siendo víctima de cobros injustificados o de prácticas irregulares, el ciudadano puede presentar una queja formal ante la Superintendencia de Servicios Públicos.