Después de más de ocho años de litigio, un tribunal español le dio la razón a Shakira en su batalla contra la Agencia Tributaria. La justicia absolvió a la cantante colombiana de fraude fiscal por el ejercicio de 2011 y ordenó al Estado devolverle aproximadamente 60 millones de euros, cantidad que incluye la multa inicial, impuestos reclamados e intereses acumulados durante el proceso.

El núcleo de la disputa siempre fue el mismo: si Shakira era o no residente fiscal en España durante 2011. La ley española establece que alguien es residente fiscal si permanece en el país más de 183 días en un año natural o si tiene allí su centro principal de intereses económicos o familiares. La Agencia Tributaria insistía en que la artista debía tributar por todos sus ingresos globales ese año, argumentando que su relación con el futbolista Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, y su actividad parcial en territorio español probaban ese vínculo. Sin embargo, el tribunal rechazó esa interpretación de manera contundente.

La sentencia fue clara en sus argumentos: acreditó que Shakira estuvo en España alrededor de 163 días en 2011, por debajo del umbral legal de 183 días. Además, el fallo señala que no se demostró que tuviera su centro principal de intereses económicos en el país durante ese ejercicio. Su actividad profesional en ese momento era internacional, con una agenda de giras y compromisos en múltiples países. El tribunal también subrayó que no existía un núcleo familiar en España en términos legales, ya que en 2011 no había matrimonio ni hijos en común con Piqué. La corte enfatizó que una relación de pareja, sin vínculo conyugal ni descendencia, no puede sustituir los criterios legales establecidos para determinar residencia fiscal.

Shakira celebró el fallo declarando que "nunca hubo fraude" y que la administración no pudo demostrar lo contrario. Su equipo legal, encabezado por el abogado José Luis Prada, describió el procedimiento como un "calvario de ocho años" y criticó lo que consideran una actuación administrativa excesiva. La cantante expresó su malestar por el impacto personal y mediático del proceso, al que calificó como un "señalamiento público" prolongado.

Lo cierto es que el conflicto de Shakira con Hacienda no se limitó a 2011. En 2023, alcanzó un acuerdo separado con la Fiscalía española por los ejercicios fiscales de 2012 a 2014, en el que reconoció parte de los hechos y aceptó una multa para evitar un juicio por evasión fiscal. En ese momento, la artista prefirió declararse culpable para terminar rápidamente un proceso complejo y enfocarse en su familia y carrera tras su mudanza a Estados Unidos después de su separación de Piqué.

Sin embargo, esta victoria no es definitiva todavía. La Agencia Tributaria ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que significa que no ejecutará el pago inmediato y que el conflicto permanecerá abierto en términos jurídicos. La instancia superior tendrá la última palabra sobre si Hacienda debe efectivamente devolver los 60 millones de euros.

El caso de Shakira refleja una tendencia más amplia: en los últimos años, la Agencia Tributaria española ha intensificado el control sobre grandes fortunas y celebridades internacionales con actividad en el país, especialmente en sectores como el deporte y el entretenimiento. Esto ha generado un debate recurrente sobre la complejidad del sistema tributario y cómo interpretar la residencia fiscal en un mundo globalizado, donde artistas y deportistas tienen agendas internacionales.