Belgrado se pintó nuevamente de protesta el pasado sábado. Decenas de miles de serbios tomaron las calles, particularmente la plaza Slavija, para exigirle al gobierno del presidente Aleksandar Vucic que convoque a elecciones anticipadas y rindan cuentas por los actos de corrupción. La jornada fue liderada por estudiantes y jóvenes activistas que durante más de un año y medio han mantenido vivo un movimiento que se ha convertido en el principal desafío político que enfrenta Vucic desde que llegó al poder hace más de diez años.

El origen de esta rabia ciudadana está en una tragedia que marcó a Serbia. El 1 de noviembre de 2024, el techo de la estación ferroviaria de Novi Sad se derrumbó, dejando 16 muertos. Para los manifestantes, el accidente no fue simplemente mala suerte: fue la evidencia de una red sistemática de negligencia, corrupción y mala gestión en las obras públicas, algunas ejecutadas junto con empresas chinas. Por eso los jóvenes que protestan portan pancartas con el lema "Los estudiantes ganan", convertido en símbolo de su movimiento. Las cifras de asistencia varían: la policía habla de 34.300 manifestantes, pero organizaciones independientes que monitorean las protestas calculan cerca de 100.000 personas.

Lo que comenzó como una jornada pacífica terminó en caos. Grupos de jóvenes, algunos identificados como hooligans de fútbol, se enfrentaron con la policía antidisturbios cerca de la presidencia y de un campamento instalado por simpatizantes de Vucic desde marzo pasado. Los manifestantes lanzaron piedras, bengalas y botellas mientras arrastraban contenedores de basura para bloquear calles. La policía respondió con gases lacrimógenos, gas pimienta y granadas aturdidoras. El ministro del Interior, Ivica Dacic, reportó 23 detenidos y policías heridos, aunque no detalló la gravedad.

Desde el avión hacia China, donde realiza una visita oficial, Vucic acusó a los manifestantes de mostrar una "naturaleza violenta" y afirmó que el Estado "seguirá actuando conforme a la ley". El presidente y sus aliados rechazan las acusaciones de corrupción y argumentan que ya se tomaron medidas contra los responsables de la catástrofe. De hecho, la presión obligó a renunciar al primer ministro Milos Vucevic en enero de 2025. Pero para los estudiantes, eso no es suficiente. Denuncian que las respuestas del gobierno son insuficientes y que existe un endurecimiento de la represión contra críticos y opositores.

La situación preocupa internacionalmente. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, criticó esta semana el deterioro de los derechos humanos en Serbia, denunciando el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas. Esto es problemático para un país candidato oficial a entrar a la Unión Europea, especialmente cuando mantiene vínculos estrechos con Rusia y China, sus dos aliados estratégicos.

A pesar de los enfrentamientos, el movimiento estudiantil asegura que continuará. Se prepara para participar en eventuales elecciones anticipadas que, según Vucic, podrían realizarse entre septiembre y noviembre de este año. Para los jóvenes que protestan, esta será su oportunidad de canalizar el descontento en las urnas.