El senador republicano de Ohio Bernie Moreno, conocido por sus críticas al gobierno de Gustavo Petro, pisará territorio colombiano en la última semana de mayo para fungir como observador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los congresistas José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo confirmaron su llegada tras reunirse con él en Washington.

La presencia del funcionario estadounidense forma parte de una iniciativa más amplia: un total de 86 funcionarios de Estados Unidos han recibido acreditación como veedores bajo el carácter de "misión informal" del Consejo Nacional Electoral, luego de que la Embajada de Estados Unidos hiciera una solicitud directa. Para Uscátegui, la participación de Moreno representa una "garantía de tranquilidad" para el país.

Más allá de las tareas de observación técnica, la oposición ha aprovechado estas gestiones internacionales para presentar sus preocupaciones ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos. Los congresistas han denunciado lo que consideran una "crisis de seguridad y de garantías democráticas", incluyendo alegadas presiones armadas sobre electores en zonas dominadas por grupos ilegales, acceso desigual a medios públicos y lo que califican como "estigmatización" desde el discurso oficial del gobierno.

La tensión envuelve el proceso electoral después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay hace un año, y se intensificó con el envío de coronas fúnebres a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Autoridades estadounidenses como Jennifer Locetta, delegada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, han manifestado vigilancia sobre la integridad de las urnas, y Michael Kozak, funcionario del Departamento de Estado, lanzó una advertencia directa contra quienes intenten agredir candidatos.

La preocupación internacional se ve reflejada en los reportes de organismos multilaterales. El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que las elecciones al Congreso del 8 de marzo se desarrollaron "en gran medida de forma pacífica", pero aclaró que esto no significa mejora estructural en seguridad. "Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto", señaló.

A pesar de que más de 246.000 miembros de la Fuerza Pública fueron desplegados durante los comicios legislativos, los reportes documentan ataques contra esquemas de seguridad de candidatos, desapariciones, retención de lideresas indígenas y muertes de militares. La ONU advirtió que al menos 185 municipios presentaban riesgos altos antes de la jornada electoral, especialmente en zonas rurales donde grupos armados ilegales mantienen control territorial y limitan la participación política.

Un punto particularmente crítico según la ONU es la situación del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con las FARC. Sus integrantes denunciaron presiones y amenazas durante la campaña. El organismo internacional subraya que "la participación política de los excombatientes sigue siendo un ejercicio de alto riesgo donde el Estado carece de presencia".