Una adolescente de diecisiete años cayó en la trampa de lo que parecía ser una oportunidad laboral legítima, pero terminó siendo víctima de explotación sexual en Cúcuta. Los responsables fueron Wilmer Rafael Torres Torres y Stefhanny Michel Amarillo Viviesca, una pareja que operaba un esquema de trata de personas dirigido a menores de edad a través de plataformas virtuales. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez ordenara su captura y prisión.

El drama comenzó en marzo cuando los dos capturados contactaron a la joven con promesas de estabilidad económica y trabajo seguro. Con ese engaño la trasladaron a una vivienda que funcionaba como centro de operaciones para su red de explotación. Lo que vino después fue un calvario de control absoluto sobre la adolescente.

Según explicó la fiscal, la pareja tenía claramente divididas las tareas de este crimen: "Ellos eran quienes solucionaban la creación de las cuentas necesarias para la transmisión en las plataformas de contenido sexual. Estos la acogieron en la vivienda y se encargaron no solo de facilitar la alimentación, traslado, sino de proveer los medios tecnológicos necesarios y pagos monetarios determinados según lo realizado en las plataformas virtuales para la realización de contenido sexual de la menor de edad".

Lo más grave es que no se limitaban a lo técnico. Torres y Amarillo manejaban la vida completa de la víctima: decidían qué comía, dónde iba, qué hacía. Mientras ellos vendían el material explotador y coordinaban encuentros con hombres mayores, la adolescente apenas recibía lo mínimo para sobrevivir: comida y artículos de aseo. El dinero que generaba con su explotación era mayormente para los bolsillos de sus captores.

La fiscal insistió en que estos no eran simples intermediarios: "cumplían roles determinantes y necesarios para la realización de estas actividades sexuales pues no sólo se encargan de la alimentación, hospedaje, aseo, traslado y acogida de la menor, sino que eran los encargados de la venta de contenido sexual con los usuarios de la plataforma".

El rescate llegó tras un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional. La joven fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que comenzara el proceso de recuperación de sus derechos. Cuando capturaron a Torres en el inmueble, los policías encontraron también drogas, lo que le añadió más cargos.

Aunque ambos insisten en negar lo que hicieron, las pruebas reunidas fueron contundentes. Torres y Amarillo fueron imputados por trata de personas y pornografía con menor de edad. En el caso de Torres se suma además tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Ahora deberán enfrentar un proceso judicial desde una celda.