El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama accedió a reprogramar la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación que lo señala como líder de una red de tráfico de influencias. La comparecencia ya no ocurrirá el 2 de junio sino el 17 y 18 del mismo mes, tras la solicitud de aplazamiento presentada por su defensa. El argumento fue contundente: los abogados de Rodríguez Zapatero recién tuvieron acceso al expediente el 25 de mayo, y consideraron que no podían examinar adecuadamente un sumario de 85 páginas en menos de una semana.

Este caso tiene una envergadura considerable. Se investiga a Rodríguez Zapatero por supuestamente haber utilizado sus contactos políticos para facilitar el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra en 2021 con 53 millones de euros en fondos públicos del programa de apoyo durante la pandemia de Covid-19. Los cargos incluyen tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posible blanqueo de capitales. Esto marca un hito histórico en la democracia española: es la primera vez que un expresidente figura como imputado por la Justicia.

Las investigaciones revelaron que Rodríguez Zapatero y la empresa de sus hijas habrían recibido 1,95 millones de euros como retribución por su intermediación en el rescate, presuntamente canalizados a través de sociedades creadas en el extranjero. El juez Calama investiga cómo se utilizaron transferencias bancarias para mover dinero hacia cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio, entre otros destinos.

La investigación ha trascendido las fronteras españolas y abierto una línea con conexiones venezolanas. El 25 de mayo, Calama emitió las primeras órdenes internacionales de detención contra el empresario venezolano Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, su esposa María Aurora López, el neerlandés Simon Leendert Verhoeven y el franco-peruano Luis Felipe Baca Arbulu. Los cargos contra ellos incluyen apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y lavado de dinero.

Según la investigación, Reyes y otros gestores de Plus Ultra habrían diseñado un esquema para adueñarse de fondos limpios que fueron transferidos a sociedades instrumentales de una red de blanqueo de capitales. El dinero habría fluido hacia empresas relacionadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. El juez también investiga si una de estas sociedades participó en la venta de oro de origen desconocido a una empresa en Dubái.

Baca Arbulu ya se encuentra detenido en Aruba y ha expresado su disposición a colaborar y ser extraditado a España. La cooperación internacional ha sido clave: investigadores de Francia y Suiza solicitaron información a la Fiscalía Anticorrupción española, lo que contribuyó a reactivar la causa. Por su parte, Rodríguez Zapatero ha rechazado las acusaciones y sostuvo en un video que no ha realizado "ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra".