El registro de mascotas dejó de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal en Colombia. Basándose en la Ley 1801 de 2016 y sus recientes actualizaciones, las administraciones municipales de todo el país han establecido que los propietarios deben formalizar a sus animales de compañía en los censos locales. La medida busca que los dueños asuman responsabilidades jurídicas claras y que el Estado mantenga información sobre la población canina para controlar riesgos de salud pública y seguridad ciudadana.

Las alcaldías ahora consideran el registro como un documento de identidad que vincula directamente al animal con su responsable. En ciudades como Bogotá, el proceso se simplificó a través de plataformas digitales como "Ciudadano de Cuatro Patas", permitiendo que los trámites sean más ágiles. Sin embargo, esta modernización no significa que la obligación sea menor: quien no registre a su mascota enfrenta consecuencias reales.

La normativa es especialmente estricta con los dueños de perros catalogados bajo condiciones de manejo especial. Si alguien no inscribe a su animal o incumple medidas como usar bozal y traílla, la ley prevé multas que pueden llegar a 523.000 pesos, equivalentes a 16 salarios mínimos diarios vigentes. Más allá de lo económico, la Policía Nacional está autorizada para retener al perro y trasladarlo a centros de bienestar, dejando al propietario responsable de pagar los costos de manutención mientras el animal permanezca bajo custodia.

Para cumplir, el trámite requiere presentar fotografía del animal, copia del carné de vacunación actualizado y datos de contacto ante las alcaldías o plataformas digitales. Aunque representa un paso burocrático adicional, las autoridades argumentan que el registro funciona como red de protección: si una mascota se pierde o es robada, tener un registro oficial aumenta considerablemente las probabilidades de que sea devuelta a casa.