La plataforma de domicilios Rappi tomó una decisión que dividió aguas en el ecosistema de entregas en Colombia: bloquear 2.300 cuentas de repartidores. Desde el 17 de marzo, la compañía viene ejecutando esta medida tras actualizar sus sistemas de control antifraude en la aplicación Soy Rappi. Según la empresa, los bloqueos responden a patrones específicos de irregularidad: uso de múltiples cuentas por la misma persona, inconsistencias en datos financieros y alquiler o compartición de perfiles.

Para ejecutar estos controles, Rappi implementó un sistema de vigilancia más agresivo. Ahora valida la identidad desde el registro inicial, monitorea permanentemente las operaciones de cada domiciliario y utiliza herramientas tecnológicas que detectan comportamientos sospechosos en tiempo real. Los números son contundentes: la plataforma realiza más de 29.000 validaciones diarias, y rechaza aproximadamente el 25 por ciento de los intentos de registro por no cumplir estándares de seguridad.

La compañía argumenta que estas medidas buscan fortalecer la confianza de usuarios y aliados, diferenciando a quienes operan legalmente de quienes cometen fraude. Rappi subraya que los bloqueos no afectan a la mayoría de sus repartidores: más de 70.000 trabajan en la plataforma de manera adecuada y dentro de los términos legales. La empresa también aclaró que trabaja con autoridades para investigar posibles delitos y que existen canales formales para revisar casos individuales.

Sin embargo, la medida llega en un momento de máxima tensión laboral. La Unión de Trabajadores de Plataformas (UNIDAPP) cerró negociaciones con Rappi sobre condiciones de trabajo y radicó ante el Ministerio del Trabajo una solicitud para convocar un Tribunal de Arbitramiento Obligatorio. Mientras tanto, algunos repartidores han protagonizado protestas y bloqueos, expresando su inconformidad con las nuevas políticas de seguridad.

El dilema que enfrenta Rappi es clásico en el mundo de plataformas digitales: cómo combatir el fraude sin castigar injustamente a trabajadores que dependen de ingresos diarios. La empresa insiste en transparencia y debido proceso, pero la velocidad de los bloqueos y la falta de claridad en los criterios generan desconfianza entre un sector de repartidores que ven sus ingresos desaparecer sin explicaciones detalladas.