El jueves pasado, los sintonizadores de Good News Radio Station en San Andrés se encontraron con una sorpresa desagradable: la emisora que transmitía en los 102.5 FM simplemente desapareció del aire. La Agencia Nacional de Espectro, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, argumentó que se trataba de un caso de "uso indebido del espectro radioeléctrico".

Elizabeth Taylor Gómez, periodista del noticiero Morning News que se transmitía por esta frecuencia, expresó su desconcierto ante la decisión. "En todo caso, desde este mismo lunes 27 de abril y hasta que se solucione este impase, saldremos con nuestro espacio radial, pero de manera virtual, a través de nuestra página web saigoodnewsradio.com de 6:30 a.m. a 7:55 a.m.", explicó. La comunicadora social señaló que esperaban la visita de un funcionario del ministerio para buscar soluciones al problema, pero mientras tanto buscarían alternativas en internet.

No es la primera vez que algo así ocurre. Taylor Gómez también mencionó que otro medio, dirigido por el reportero Carlos Pussey Brown, recibió una carta similar de la ANE citándolo a una "formulación de cargos" por los mismos motivos. Estos casos han generado un movimiento de protesta que va más allá de lo que pudiera parecer una disputa administrativa.

El Pueblo Raizal ha tomado la situación como un punto de quiebre. En un comunicado dirigido a la nación, los líderes raizales argumentan que durante décadas han solicitado al Estado colombiano que garantice su acceso equitativo a medios de comunicación propios. "A pesar de estas solicitudes reiteradas, el Estado ha sido omisivo frente a esta obligación, mientras que sí ha otorgado frecuencias y emisoras a otras instituciones", señalan.

Lo que pasó entonces es que el Pueblo Raizal decidió crear sus propias emisoras con sus propios recursos y esfuerzos, viéndose como un canal vital para preservar su identidad cultural, su lengua y sus tradiciones. Pero ahora, cuando estas emisoras comunitarias funcionan, enfrentan cuestionamientos y amenazas de cierre por parte de las autoridades.

El Pueblo Raizal fundamenta su reclamación en la Constitución Política, que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, además de la Ley 335 de 1996 que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso de los grupos étnicos al espectro electromagnético. También invocan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a fortalecer sus propias instituciones y medios de comunicación.

Sus exigencias son contundentes: respeto a la emisora en la frecuencia 92.5 MHz, cese de cualquier acción orientada a su cierre, reconocimiento formal como medio propio del Pueblo Raizal, y la asignación equitativa y legal de frecuencias en igualdad de condiciones frente a otras instituciones del Estado. En el comunicado plantean que como pueblo ancestral no están dispuestos a permitir la vulneración de sus derechos ni el silenciamiento de su voz.