Una semana y media después de la tragedia, las autoridades de Cartagena siguen reconstruyendo lo que sucedió el viernes 17 de abril cuando Anthony González Alvear perdió la vida en las inmediaciones del club Karibana. Pero en Punta Canoa hay poco acuerdo sobre cómo pasaron las cosas. Mientras avanza la investigación judicial, en el corregimiento circulan relatos completamente opuestos que prometen ser determinantes para establecer responsabilidades.

La familia del adolescente mantiene que los jóvenes simplemente estaban buscando bolitas de golf cerca del caño cuando el vigilante sacó su arma. Según este relato, Anthony cayó herido al agua y fue su hermano menor quien, en un momento de desesperación, lo sacó para pedir ayuda en el pueblo. Pero hay otra versión que cuenta una historia diferente: testimonios hablan de un enfrentamiento. En esta versión, el personal de seguridad cuestionó a los muchachos por entrar sin permiso a propiedad privada, lo que habría generado una confrontación física y verbal que terminó en lo peor.

El club Karibana, por su parte, cerró sus instalaciones durante todo el fin de semana en señal de respeto y para que los peritos hicieran su trabajo. Los propietarios dijeron estar dispuestos a colaborar con la Fiscalía. "Se está prestando toda la colaboración para esclarecer los hechos y las responsabilidades, y expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del fallecido", manifestaron a través de un comunicado.

Sin embargo, la investigación se enturbia por una acusación grave que corre por el corregimiento. Fuentes locales señalan que Martín Arce, tío de Anthony e Inspector de Policía de Punta Canoa, estaría utilizando el dolor de la tragedia para orquestar una campaña contra la empresa de seguridad Zimo con fines económicos. Según los señalamientos, Arce aprovecharía su cercanía con el fallecido y su posición como autoridad para presionar una negociación de dinero con la firma de vigilancia.

Las denuncias sostienen que las protestas persistentes y los ataques contra Zimo responden a que aún no se alcanza un acuerdo de pago satisfactorio. Dicen que el Inspector estaría usando su cargo público para "apretar" a la empresa, convirtiendo la tragedia de un adolescente en una moneda de cambio. Sectores que conocen el caso lamentan que se desvíe la atención de la verdadera justicia.

Mientras la Fiscalía determina si el disparo fue en medio de un altercado o un uso desproporcionado de la fuerza, esta sospecha de posible extorsión añade una dimensión aún más oscura a un caso que tiene en vilo a la Zona Norte de Cartagena.