El Ministerio de Defensa giró orden de investigación inmediata tras las revelaciones que hizo The New York Times sobre presunta minería ilegal en un sector militar de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. El diario documentó actividad extractiva de oro en una zona conocida como "La Mandinga", ubicada en inmediaciones del Batallón Rifles 31, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército.

El reportaje, elaborado por el fotoperiodista Federico Ríos, incluye imágenes y un recorrido que muestran una amplia zona intervenida a cielo abierto para la extracción del mineral. Lo que encendió las alertas fue que no hay una separación clara entre los límites militares y los espacios donde se realiza la explotación. Durante la visita acompañaron al teniente coronel Daniel Echeverry, comandante de la unidad, y se pudieron observar motores, mangueras y otros equipos usados para sacar el oro. El medio también reportó momentos de tensión, alteraciones del orden y amenazas durante el recorrido.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue directo en su respuesta. A través de su cuenta en X señaló que "aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida".

El funcionario aprovechó para destacar los esfuerzos contra la minería ilegal. Dijo que en lo corrido de 2026 la fuerza pública ha intervenido cerca de 2.500 minas ilegales y destruido alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilícita de oro en distintas regiones del país, lo que representa un aumento superior al 40 por ciento comparado con períodos anteriores.

El caso ha vuelto a poner el foco sobre el Bajo Cauca antioqueño, una región donde existe disputa constante por las ganancias de la minería ilegal, identificada como una de las principales fuentes de financiación de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo. Hasta ahora, el Ejército Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial con su versión de los hechos, ni ha aclarado si existen otras zonas similares en predios bajo su jurisdicción. La investigación anunciada buscará establecer responsabilidades y verificar si hubo fallas de control o conductas irregulares.