La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión drástica contra la gestión de dos empresas promotoras de salud: suspendió provisionalmente por tres meses a Carlos Alberto Betancur Castañeda, interventor de la EPS SOS, y a William Humberto Salgado Gamboa, interventor de Savia Salud. La medida llega después de que el ente de control encontrara incumplimiento grave en las funciones de estos funcionarios, lo que habría agravado la situación de los afiliados a ambas entidades.

Los hallazgos son preocupantes desde el punto de vista administrativo y financiero. La Procuraduría documentó que durante estos procesos de intervención forzosa aumentaron los gastos administrativos, creció la deuda de las EPS y se deterioró su sostenibilidad financiera. Como resultado, la atención a los pacientes se volvió lenta e ineficaz. El ente de control también registró un incremento significativo en peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela presentadas por los afiliados en contra de ambas instituciones.

La decisión no se limita a las suspensiones. La Procuraduría también ordenó abrir investigaciones en contra de seis exinterventores: Carlos Marino Escobar Vásquéz, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Sergio Andrés Gil Celis, que trabajaron en la EPS SOS, y Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso y Luis Oscar Galvez Mateus, que lo hicieron en Savia Salud. Esto sugiere que los problemas detectados no son recientes sino que vienen de tiempo atrás.

La Procuraduría comunicó sus decisiones a la Superintendencia Nacional de Salud para que ejecute de inmediato las suspensiones de los agentes interventores. El mensaje es claro: el ente de control no tolera ineficiencia en la gestión de instituciones que atienden la salud de miles de colombianos, especialmente cuando se detectan gastos crecientes mientras empeora el servicio.