Más de 200 caimanes llaneros en riesgo de extinción están generando un dolor de cabeza institucional en el Meta. Los reptiles se encuentran distribuidos entre la Estación Roberto Franco de la Universidad de los Llanos y el parque Merecure, sin que las autoridades logren ponerse de acuerdo sobre quién es responsable de mantenerlos vivos.

La Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto y dio un ultimátum claro: antes del 8 de julio deben llegar con un plan de acción real, no promesas vagas. El organismo requiere cronogramas específicos de alimentación hasta diciembre de 2026, definición de quién alimenta a estos animales en cada ubicación, cuánto dinero se necesita y cómo se va a hacer seguimiento para que se cumpla.

El punto crucial es que el caimán llanero está catalogado como especie en peligro crítico de extinción. No se trata de una mascota incómoda. Se trata de una responsabilidad ambiental que el Estado debe asumir con seriedad. Por eso la Procuraduría además pidió precisar las condiciones mínimas en que deben vivir estos ejemplares, establecer una ruta clara de atención veterinaria y dejar claro cuál es la situación legal de cada animal: si se quedan, se trasladan o se liberan.

Lo que más preocupa al Ministerio Público es la falta de coordinación entre entidades. "Pidió dejar de lado las discusiones administrativas para avanzar en compromisos concretos, con fechas, responsables y fuentes de financiación claramente definidas", según el comunicado. Cuando las instituciones pierden tiempo discutiendo quién es responsable, los animales son los que pagan el costo.

Un aspecto importante es que si se decide liberar los caimanes, esto debe hacerse con criterios técnicos sólidos, considerando el bienestar de los animales y con las comunidades locales involucradas en el proceso. No puede ser una decisión improvisada.

La Procuraduría programó una nueva mesa de seguimiento para el 29 de julio. Ese será el momento de verificar si las entidades cumplen o si simplemente vuelven con excusas administrativas. En juego está la supervivencia de una especie que Colombia está obligada a proteger.