Un proyecto que debería haber transformado la vida de cientos de campesinos en Guaviare terminó enredado en irregularidades administrativas. La Procuraduría General de la Nación acaba de formular cargos disciplinarios contra Heydeer Yovanny Palacio Salazar, exgobernador de la región entre 2020 y 2023, y contra Nelder Parra, quien fue su secretario de Agricultura y Medio Ambiente. El asunto central es una iniciativa de fortalecimiento de la cadena productiva del cacao que se financió con recursos del Sistema General de Regalías.

En teoría, la apuesta era ambiciosa y noble. Se buscaba impulsar la producción de cacao como alternativa económica para alrededor de 500 familias rurales, muchas de ellas en zonas azotadas históricamente por el conflicto armado. El plan ofrecía asistencia técnica, insumos agrícolas, herramientas y acompañamiento para consolidar cultivos sostenibles. Pero según la Procuraduría, desde el momento en que nació el proyecto había problemas serios. La iniciativa fue presentada ante el OCAD Paz en julio de 2021 sin cumplir plenamente los requisitos técnicos necesarios para considerarse viable en fase III, es decir, cuando supuestamente ya está lista para ejecutarse. El documento técnico presentado por Parra contenía inconsistencias que debieron haberle puesto frenos desde el comienzo.

Lo más grave fue lo que sucedió durante la ejecución. El proyecto carecía de mecanismos para garantizar que los beneficiarios permanecieran en él a largo plazo, no había seguimiento real sobre cómo se usaban los insumos entregados y tampoco existían estrategias para evitar que los campesinos abandonaran los cultivos. Las consecuencias fueron devastadoras: el 64,5 por ciento de los beneficiarios iniciales simplemente se fue. Más de 300 familias que habían recibido plántulas, fertilizantes y herramientas desertaron del programa. Cuando esto sucedió, los funcionarios vieron la necesidad de reemplazar beneficiarios sobre la marcha, pero aquí vino otro problema grave: no quedó claro qué pasó con los bienes que ya habían sido entregados a quienes se retiraron. Dinero público quedó sin una trazabilidad clara sobre su destino.

Para la Procuraduría, esta masiva deserción no fue un simple accidente administrativo, sino la evidencia de que el proyecto estaba mal planeado desde sus cimientos. A esto se sumaron otras fallas técnicas: el modelo productivo no contempló sistemas de riego adecuados ni estrategias para sostener económicamente a las familias durante el proceso. Eso afectó directamente el desarrollo de los cultivos y retrasó los resultados esperados. Además, durante la ejecución surgió un ajuste financiero cercano a los 1.890 millones de pesos, justificado en el incremento de precios de insumos y los efectos de la pandemia. Sin embargo, la Procuraduría considera que ese reajuste no contó con respaldo probatorio suficiente.

La decisión del ente de control fue clara: avanzar con cargos disciplinarios. Para Palacio Salazar se imputaron faltas graves a título de culpa grave, lo que significa que la Procuraduría lo acusa de haber actuado con negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes. Para Parra, la calificación es más severa: faltas graves a título de dolo, sugiriendo que habría actuado con intención o al menos con conocimiento pleno de las irregularidades al momento de estructurar el proyecto. Lo que prometía ser una oportunidad para familias campesinas terminó siendo un caso de cómo la mala planeación y falta de control sobre los recursos públicos pueden echar a perder iniciativas con un propósito social importante.