La inseguridad volvió a tomar el pulso de Bogotá después de que Diana Ospina fue secuestrada en un paseo millonario cuando salía de una discoteca en Chapinero. El caso reavivó una conversación que ya venía caliente en la ciudad: la gente simplemente no se siente segura en las calles de la capital. El empresario Gustavo Aponte y el joven Jean Claude Bossard fueron otros nombres que marcaron la agenda pública con sus asesinatos en los últimos meses.

Las cifras que sacó a la luz el Concejo de Bogotá parecen confirmar las preocupaciones. Según la Policía, los casos de secuestro extorsivo aumentaron un 362% comparando 2024 con 2025: pasaron de 8 a 37 casos. Esto encendió las alarmas y llevó al concejal Julián Sastoque a citar un debate de control político contra la administración Galán, que se espera tener después de las elecciones del 8 de marzo. Sastoque fue tajante al decir que no ha visto "ninguna capacidad institucional" para enfrentar el problema.

El alcalde Galán tiene una explicación diferente. Asegura que el aumento responde a una decisión tomada con la Fiscalía y la Policía Metropolitana: "El año pasado en 2025, la Alcaldía con la Fiscalía y con la Policía Metropolitana tomamos la decisión de que todo caso de paseo millonario sea tratado por la justicia como secuestro extorsivo" y que "eso llevó a que en las cifras hubiera un aumento de secuestros". Pero aclaró que esto "no significa necesariamente un aumento de los hechos". La distinción es importante en el debate, pero para muchos bogotanos que circulan por la ciudad suena más como un debate de cifras que de realidades.

Presionado por la opinión pública, Galán se movió rápido. Esta semana anunció la entrega de 71 motos nuevas a los agentes de tránsito "para que los agentes de movilidad refuercen los operativos de control en toda la ciudad". También creó tres zonas consideradas seguras para tomar taxi en Modelia, Teathron y la Zona T, aunque la ausencia de énfasis en otras áreas dejó dudas sobre la cobertura real de la medida.

A nivel institucional, Galán se reunió con el nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, para conversar "sobre la situación de seguridad y la judicialización de los delincuentes". El alcalde insistió en que se necesitan mejores herramientas legales para que la Policía, Fiscalía y Rama Judicial "puedan luchar de manera más eficaz contra la delincuencia en las ciudades". Para el corto plazo propone que la Policía acceda inmediatamente a imágenes de cámaras de vigilancia en las zonas donde ocurren delitos, reconociendo que ha habido dificultades para que propiedades privadas colaboren en estos procesos. También plantea mayor coordinación tecnológica para que la Justicia avance en paralelo con las investigaciones de calle.

A fondo, Galán insistió en "dar un debate sobre una reforma de fondo para que en Colombia quien comete un delito violento sea efectivamente sancionado", y que antecedentes por delitos violentos tengan peso en las decisiones de los jueces sobre medidas de privación de libertad. El mandatario ya se había reunido previamente con la fiscal general Luz Adriana Camargo en esta búsqueda de soluciones coordinadas.