La tensión entre España e Israel escaló este fin de semana tras los incidentes violentos en el aeropuerto de Bilbao contra un grupo de activistas que regresaban de una misión humanitaria fracasada. Los miembros de la Flotilla Global Sumud, expulsados por las autoridades israelíes, fueron recibidos en territorio español con cargas policiales de la Ertzaintza que dejaron al menos cuatro detenidos y personas heridas. Entre ellos había activistas que acababan de recibir atención médica por lesiones sufridas en Israel.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, reconoció que "no tenía que haber sucedido lo que sucedió" y anunció una investigación para determinar si los agentes actuaron dentro de la normativa. Sin embargo, el funcionario pidió también que se analizara "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación", sin entrar en detalles específicos sobre lo ocurrido. Zupiria asumió "en primera persona" la responsabilidad por la actuación policial mientras hablaba de "empujones" y "provocaciones".

Los organizadores de la flotilla no se conformaron con el anuncio de investigación. El movimiento Global Sumud denunció en un comunicado que los activistas "que acababan de sobrevivir a días de secuestro sistemático, tortura y grave violencia psicológica y física a manos de las Fuerzas de Ocupación israelíes, no encontraron refugio, sino una brutalidad policial inmediata y selectiva al pisar el suelo de su hogar". Amnistía Internacional se sumó a las críticas señalando que "es muy grave que se haya golpeado con porras, de forma reiterada, a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo".

Israel aprovechó los videos de la intervención policial para contraatacar diplomáticamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ironizó en redes sociales pidiendo "una explicación del Gobierno español sobre su trato a los anarquistas de la Flotilla", el mismo lenguaje que múltiples países, incluida España, había usado para criticar a Netanyahu por las torturas denunciadas durante la detención de estos activistas. Horas después, Israel convocó a la encargada de negocios de la Embajada de España, Francisca María Pedrós Carretero, para una "reunión de aclaración". El embajador Yossi Amrani acusó al Gobierno español de "hipocresía" al señalar que "envía a sus provocadores a Israel y luego condena a Israel por sus acciones legítimas para imponer un bloqueo naval legal, mientras que al mismo tiempo las autoridades españolas emplean una violencia severa contra esos mismos participantes".

Mientras tanto, los testimonios de tortura en manos de las autoridades israelíes continúan apareciendo conforme los activistas regresan a sus países. El periodista indonesio Rahendro Herubowo relató ante la prensa en Yakarta haber sido electrocutado y golpeado repetidamente durante su detención en lo que describió como una "prisión flotante". "Fuimos torturados. Me patearon la cabeza no sé cuántas veces, todo mi cuerpo, por delante y por detrás; incluso cuando me caí, me patearon. También me electrocutaron", contó. El ministro de Exteriores de Indonesia, Sugiono, condenó "el trato inhumano infligido a los voluntarios durante su detención por parte del Ejército israelí". Los 430 participantes de la flotilla fueron deportados de Israel el 21 de mayo cargando historias de violencia que han trascendido las fronteras del conflicto palestino.