El Gobierno vuelve a la carga con las inversiones forzosas. Después de plantear esta medida hace casi un año y enfrentar rechazo generalizado, el presidente Gustavo Petro confirmó que expedirá decretos para obligar a los bancos a destinar recursos hacia inversiones específicas. La justificación es financiar los gastos de la emergencia económica declarada por las inundaciones en Sucre y Córdoba. Petro acusa a la banca de haberlo defraudado: según él, cuando se aplicaron inversiones forzosas anteriormente, "la banca privada me engañó: no desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y ahora, sacaron el dinero del país e incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos".

Para entender qué es esto, imagina que el Gobierno obliga a tu banco a destinar una parte de los ahorros de los clientes, no donde el banco cree que es más seguro o rentable, sino en lo que el Estado decide. Es como si alguien dijera: "Esa plata que dejaste en el banco para invertir como considere mejor, ahora debe ir a tal lado". Este mecanismo se usó en Colombia en los años cincuenta y sesenta, pero desapareció porque generó problemas.

El académico José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, no titubeó en criticar la idea. Aseguró que esto es "necrofilia política", ese gusto por las ideas fracasadas del pasado. Según él, "la banca privada me engañó: no desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y ahora, sacaron el dinero del país e incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos" lo que genera es que "eleva los costos del endeudamiento, no solamente a los beneficiados, sino a otros y genera una distorsión de ineficiencia en la asignación de el ahorro convertido en inversión". Restrepo también cuestionó por qué dejarían en manos del Gobierno la administración de esos ahorros si estos son expertos. Alertó sobre los riesgos: "Con los riesgos que implica que un gobierno disponga de unos ahorros para convertirlos en crédito, riesgo de politización, de burocracia, de corrupción, de politiquería. Ese no es el camino para ser más eficiente la disposición del ahorro de los colombianos".

El experto en tributación Julio César Leal fue más radical: dijo que las inversiones forzosas son inconstitucionales. Su argumento es simple: el Estado tiene suficiente dinero, solo que lo está mal gastado. "El Presupuesto General de la Nación está mal usado, mal distribuido, y gran parte de los recursos se destinan a gastos de funcionamiento y no de inversión". Entonces, agregó Leal, "carece de sustento técnico que se pretenda ampliar las facultades del gobierno a inversiones forzosas cuando dispone de caja y capacidad para reducir el gasto innecesario".

Históricamente, esta política fracasó en Latinoamérica. Ocho países implementaron estas medidas en el siglo pasado, incluidos Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela. En Colombia llegó a representar el 25% de los depósitos bancarios. La razón por la que desaparecieron es clara: encarecían el crédito para otros sectores, dificultaban la competencia y hacían ineficiente la asignación de recursos. Por eso, cuando la región liberalizó sus mercados financieros en los años noventa, estas medidas se desmantelaron.

Los gremios financieros se oponen frontalmente. La presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, explicó que obligar a los bancos a invertir sin criterio técnico "puede restar liquidez al sistema financiero, reducir la disponibilidad de crédito productivo para micronegocios y emprendimientos y generar presiones al alza en las tasas de interés, afectando precisamente a los sectores que se busca proteger". Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, fue más específico con los números: las inversiones forzosas pueden "encarecer el crédito entre 50 y 100 puntos básicos, distorsionar el mercado y reducir hasta en 0,3 puntos porcentuales el crecimiento económico". Esto significa que tus créditos de vivienda, auto o negocio podrían salir más caro, y la economía del país crecería menos.

Malagón aseguró que el crédito ya está llegando. Mostró cifras del Pacto por el Crédito: más de 48 billones de pesos en vivienda e infraestructura, 135 billones en manufactura, 26 billones en agricultura. Su mensaje fue claro: "La estabilidad financiera y la confianza de los inversionistas son activos que el país no puede poner en riesgo". La pregunta que queda en el aire es si Petro avanzará con esta medida a pesar de la oposición casi unánime de académicos y empresarios del sector financiero.