En los últimos días, el gobierno ha producido otro movimiento que ha generado preocupación en los cuarteles: la salida de decenas de oficiales superiores del Ejército. Se trata de coroneles, tenientes coroneles y mayores que dejaban sus cargos sin que se ofreciera una explicación pública suficiente. El timing no es menor: esto ocurre cuando el país enfrenta una expansión del crimen organizado, economías ilegales que crecen sin control y una inseguridad que se siente en los territorios.

La retirada de 49 altos mandos militares genera interrogantes sobre el rumbo que está tomando la conducción de la Fuerza Pública. Estos no son oficiales menores en la pirámide militar. Son mandos que conocen el terreno, que acumulan experiencia en inteligencia, operaciones, logística y control de unidades. Algunos llevan 20, 25 o incluso 30 años formándose: cursos de ascenso, especialización, experiencia operacional, manejo de crisis. Ese conocimiento no se remplaza con un decreto. Cuando se retira masivamente a oficiales con esa trayectoria, el Estado pierde no solo personas, sino experiencia acumulada y capacidad de conducción.

Lo que preocupa es el patrón que se observa desde el inicio del gobierno Petro. Antes de estas salidas, ya había habido una amplia renovación en la cúpula militar y en la Policía Nacional. Visto en conjunto, parece menos un ajuste puntual y más una recomposición sostenida de la Fuerza Pública con propósitos que no se explican con claridad. La pregunta inevitable es si estas salidas obedecen a una verdadera evaluación institucional o si responden a criterios políticos y de alineamiento ideológico.

Cuando un oficial percibe que su carrera puede terminar por razones políticas o por simples reacomodos de confianza, pierde incentivos para actuar con independencia técnica. La Fuerza Pública no puede ser tratada como una dependencia burocrática cualquiera. Su función constitucional exige disciplina, mérito, continuidad y confianza interna. En un país donde están activos grupos como las disidencias, el ELN y estructuras narcotraficantes, retirar masivamente cuadros medios y altos afecta la continuidad operacional y la capacidad de anticiparse al crimen organizado.

El riesgo que advierte el análisis es concreto: que Colombia termine reemplazando experiencia por obediencia, mérito por alineamiento y estabilidad institucional por improvisación política. En seguridad, los errores no se pagan solo en titulares de prensa, sino en territorios perdidos, comunidades abandonadas, soldados desmotivados y criminales fortalecidos. Por eso este tipo de decisiones no pueden normalizarse. Son señales de alarma sobre cómo se está conduciendo la seguridad nacional en un momento crítico para el país.

El país necesita que la Fuerza Pública sea profesional, respetada, técnicamente conducida y constitucionalmente neutral. Porque cuando el mando militar se debilita, no gana la democracia: ganan quienes disputan el territorio con armas, dinero ilegal y terror. La transparencia en estas decisiones no es un lujo, es una necesidad. Los colombianos tienen derecho a saber si los oficiales retirados tenían cuestionamientos disciplinarios reales o si simplemente fueron apartados en una reconfiguración política de las instituciones castrenses.