El presidente Gustavo Petro ha vuelto a poner sobre la mesa una idea que genera debate intenso en el mundo financiero: las inversiones forzosas. Se trata de obligar a los bancos a destinar una parte de lo que ahorran los colombianos hacia créditos en sectores que el Gobierno considera prioritarios, especialmente agricultura y zonas afectadas por desastres naturales como las recientes inundaciones.

Para entenderlo en términos simples: cuando vos depositás plata en un banco, esa entidad usa ese dinero para prestarle a otros. Ahora el Gobierno quiere decirle al banco "una parte de eso que recibiste, tienes que prestársela sí o sí a agricultores con tasas bajas". El Ejecutivo sostiene que sin este mecanismo, sectores clave de la economía quedarían sin acceso al crédito y sin posibilidad de recuperarse.

Esto no es completamente nuevo. Colombia ya tiene inversiones forzosas en agricultura a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), administrados por Finagro, donde los bancos están obligados a depositar un porcentaje de sus recursos. Lo que Petro propone es ampliar esa obligación a otros sectores de la economía bajo la misma lógica.

El presidente argumenta que el sistema financiero por su cuenta no está canalizando suficientes recursos hacia actividades productivas. "Sin mecanismos más directos de asignación de crédito, sectores como el agro o regiones afectadas por desastres naturales quedarían desatendidos", considera la administración. Además, insiste en que esto permitiría reactivar la economía sin necesidad de subir impuestos o endeudarse más.

Pero aquí viene el nudo del problema. Los banqueros están en alerta roja. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advierte que obligar a los bancos a prestar dinero sin que ellos tengan control sobre quién lo recibe podría encarecer el crédito entre 50 y 100 puntos básicos. En otras palabras, significaría que los créditos que pedís para comprar casa, carro o montar un negocio saldrían más caros para compensar el riesgo que asumen los bancos al prestar sin poder elegir.

Los gremios económicos también alertan que esto limitaría la disponibilidad de crédito en general. Los bancos, queriendo protegerse, podrían prestar menos dinero a empresas y personas comunes. Además, señalan que esta medida viola reglas básicas de cómo funciona un sistema financiero: los bancos necesitan evaluar riesgos y rentabilidad antes de prestar. Si los obligan a ignorar eso, el sistema se vuelve más frágil.

El dilema es claro: de un lado está la urgencia de reactivar sectores golpeados por la crisis climática y económica, y del otro, el riesgo de hacer que el crédito sea más caro y escaso para todos. Por ahora, la propuesta sigue siendo debatida sin definiciones claras sobre cómo avanzaría.