El presidente Gustavo Petro salió públicamente a respaldar el derecho del Estado a inspeccionar empresas, dirigiéndose específicamente a Alpina luego de que la compañía supuestamente obstaculizara el ingreso de inspectores laborales a su planta ubicada en Sopó, Cundinamarca. A través de la red social X, Petro fue directo con su mensaje: "Señores de Alpina, el ingreso de inspectores de trabajo es perentoria y está bajo la ley, no se expongan a sanciones". Con esto dejó clara la posición presidencial de que las inspecciones no son una opción sino una obligación legal, y que las consecuencias económicas pueden ser severas para quien se niegue.

La intervención presidencial respaldó las denuncias que había presentado Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). Según Arias, Alpina no permitía que los funcionarios del Ministerio de Trabajo accedieran a las instalaciones de la planta. El dirigente sindical fue categórico al señalar que "es ilegal que Alpina se niegue", y exigió desde la CUT que se permitiera el ingreso para realizar inspecciones relacionadas con denuncias levantadas por trabajadores de la empresa.

Lo que parecía convertirse en un enfrentamiento entre la empresa y las autoridades laborales se resolvió relativamente rápido. Alrededor del mediodía, el Ministerio de Trabajo finalmente ingresó a las instalaciones para hacer la inspección correspondiente. Aunque el incidente se solucionó, el mensaje presidencial fue claro sobre cómo el gobierno busca fortalecer la fiscalización en materia laboral: las empresas no tienen margen para negociar o retrasar las visitas de inspección.