Gustavo Petro se enfrenta a una realidad política que muchos en su círculo aún no quieren admitir: su gobierno ha entrado en la fase del pato cojo. No se trata de que haya perdido formalmente sus atribuciones constitucionales o que desaparezca su capacidad de comunicación. El asunto es más simple y más complejo a la vez: el ciclo político ya cambió. El país ha tomado una decisión electoral y la atención de sectores económicos, políticos e institucionales ya se dirige hacia el próximo mandato.

El concepto del pato cojo viene del siglo XVIII cuando se utilizaba en la Bolsa de Londres para describir a quienes no podían responder por sus obligaciones financieras. Luego pasó al lenguaje político para referirse a gobernantes que, aunque mantienen formalmente su cargo, pierden poder real porque la atención pública se desplaza hacia sus sucesores. En la práctica, un presidente pato cojo sigue siendo presidente, pero cada día tiene menos capacidad para ordenar el sistema político a su alrededor.

Durante meses, buena parte de Colombia desconfió sobre si el Presidente entregaría realmente el poder. Los permanentes choques con otras ramas del Estado y la narrativa de confrontación alimentaron percepciones sobre posibles fórmulas extraordinarias para extender el proyecto político más allá de los cauces democráticos normales. Pero como suele ocurrir, la realidad se impuso. Abelardo de la Espriella está listo para asumir la Presidencia, y esa es hoy la principal realidad política nacional.

Lo que enseña la experiencia internacional es que los gobiernos entran en zona de riesgo cuando se niegan a aceptar su condición de salida. En lugar de concentrarse en cerrar bien la administración, ejecutar prioridades y proteger su legado, quedan atrapados en conflictos que desgastan la imagen y reducen la capacidad de influencia futura. Sería particularmente grave en el caso Petro porque, más allá de las controversias, existen resultados que merecen reconocimiento: casi 700 mil hectáreas entregadas o restituidas a víctimas y campesinos, programas de transferencias que incrementaron ingresos en millones de hogares vulnerables, y una economía que evitó escenarios más complejos de los anticipados, con desempleo estabilizado alrededor del 8,8% e inflación descendida desde el 16% al 5%.

Pero esos logros conviven con una realidad menos favorable. La gran transformación prometida quedó lejos de materializarse completamente. La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo apenas ronda el 43%. Ese es el verdadero desafío: seguir gobernando como si aún estuviera iniciando sería un error estratégico. Intentar librar todas las batallas pendientes al mismo tiempo sería otro error. Lo inteligente sería exactamente lo contrario: concentrarse en terminar bien, garantizar una transición ordenada, facilitar el empalme y proteger los avances alcanzados.

Porque aquí está la clave: las verdaderas batallas del petrismo no están en 2026 ni 2027. Están en las elecciones territoriales de octubre de 2027, cuando estarán en disputa las 32 gobernaciones y más de mil alcaldías, incluidas las diez principales ciudades donde vive el 70% de la población colombiana. Allí se jugará buena parte del futuro de la izquierda. Y para llegar con fuerza a esa cita, Petro debe aceptar una verdad incómoda: los líderes inteligentes saben cuándo llegó el momento de construir legado. Los equivocados creen que todavía están construyendo poder.