En las conversaciones de los colombianos flota una tensión incómoda. No es la nerviosismo natural de una campaña electoral, sino algo más profundo: una angustia que atraviesa a todos, desde quienes se oponen a Petro hasta sus propios seguidores. Esa sensación de que algo fundamental está en juego debería preocuparnos, porque en una democracia sana, la incertidumbre sobre los resultados electorales es apenas un trámite normal. Deberíamos poder perder sin temor, confiados en que la mayoría decide y eso es suficiente.

Pero aquí algo cambió. Hace cuatro años había inquietud entre quienes temían la llegada de la izquierda. Ahora el miedo es generalizado y mucho más profundo. Desde la izquierda, temen perder lo que llaman avances sociales y ser perseguidos por un eventual gobierno diferente. Desde la derecha, el pánico es a que continúen políticas que asfixien la economía, que la violencia se fortalezca, que la Constitución sea destrozada y desaparezca la democracia. El problema es que estas no son preocupaciones infundadas.

Según el columnista Rafael Nieto Loaiza, en su análisis para Guajira News, el origen de esta angustia está en que "Petro cambió las reglas". Señala acusaciones concretas: pactos con criminales, ataques sistemáticos al empresariado, la intención de hacer una nueva constituyente con propuestas cuestionadas como antidemocráticas, uso de recursos públicos en campaña, y amenazas de no reconocer resultados si no le favorecen. Estas no son sospechas paranoicas, advierte, sino hechos que justifican la preocupación ciudadana.

Nieto también cuestiona los vínculos familiares y el pasado del precandidato del Pacto Histórico, sugiriendo dudas sobre una posible transición de un gobierno del M19 a uno cercano a las Farc. Pero también critica duramente a la otra orilla: las acusaciones sin pruebas de compra de votos del candidato de la oposición, las amenazas con sanciones internacionales sin sustento, y la decisión de la fiscal Gloria Abadía de llamar a indagatoria a Álvaro Uribe tres días antes de las elecciones, en un caso que la Corte Suprema no había requerido.

Lo alarmante es que la judicialización de la política se ha convertido no en una herramienta ocasional sino en un vicio. Cepeda, según el columnista, tiene costumbre de acusar de delitos no cometidos a sus adversarios, práctica conocida como lawfare o guerra judicial. Y encuentra magistrados dispuestos a acompañarlo en eso.

Estas elecciones dejaron de ser sobre elegir un nuevo presidente con cierta tendencia política. Ahora definen algo mucho más existencial: si la democracia sobrevive como sistema y qué tipo de sociedad somos los colombianos. No es poco lo que está en juego.