El pulso entre el Gobierno y la justicia colombiana escaló hasta organismos internacionales. Todo comenzó cuando el Consejo de Estado frenó parcialmente el decreto presidencial que buscaba trasladar recursos de fondos de pensiones privados hacia Colpensiones. Ante esta decisión, el presidente Petro reaccionó con dureza: cuestionó públicamente el fallo y pidió que se investigara penalmente por prevaricato al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien integra la Sección Segunda del tribunal que tomó la decisión.

La Corporación Excelencia en la Justicia, una organización que vela por el fortalecimiento de la rama judicial, no pasó por alto estas declaraciones. Consideró que representaban un cruce de línea peligroso y anunció que solicitará protección internacional tanto para la Rama Judicial como para el magistrado Bedoya Escobar. Según la CEJ, la organización llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas.

Para la Corporación, lo ocurrido va más allá de un desacuerdo político. Señaló que "la desproporcionada reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judicales". En un comunicado, advirtió que "el desacuerdo con una providencia judicial no otorga licencia al poder Ejecutivo para intimidar a los magistrados con acciones penales ni para calificar sus fallos como actos a favor de intereses particulares".

La organización fue más allá en su crítica al Gobierno. Alertó que "pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos". Con esto, equiparó el accionar presidencial con comportamientos típicos de gobiernos autocráticos, una acusación de considerable peso en el contexto internacional.

Desde la CEJ insistieron en que el Gobierno debe utilizar los recursos legales disponibles para tramitar sus diferencias con la justicia, en lugar de recurrir a lo que llamaron "la estigmatización pública en redes sociales o en discursos oficiales". El llamado es claro: que el presidente respete los canales institucionales en lugar de presionar públicamente contra los jueces.

El fondo del asunto toca un nervio fundamental de la democracia: la independencia judicial. La Corporación enfatizó que la justicia "no puede ni debe estar para complacer al poder político" y que su función esencial es precisamente evitar abusos de poder y garantizar que el país tenga estabilidad jurídica. Para ellos, lo que está en juego es nada menos que la preservación del Estado de Derecho en Colombia.