En medio de la carrera electoral que define quién sucederá a Gustavo Petro, crece el cuestionamiento sobre si el presidente está cruzando la línea que la ley establece para los funcionarios públicos. Desde hace meses, el mandatario ha desplegado una lluvia de publicaciones en redes sociales que, para analistas y juristas, se acercan peligrosamente a lo que la Constitución prohíbe: la intervención política directa.

El caso más reciente fue cuando Petro respondió públicamente al apoyo que Juan Manuel Galán le dio a la candidata Paloma Valencia. "Con permiso de la historia, pero ¿dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía?, ¿y dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas", escribió el presidente. Pero lo que realmente preocupa a los analistas no es el contenido de ese tuit aislado, sino la frecuencia y el tono con el que sistemáticamente se pronuncia sobre el proceso electoral, cuestionando constantemente la transparencia del voto.

Las cifras cuentan una historia clara del cambio de intensidad. En diciembre había unos 12 mensajes donde cuestionaba el sistema electoral, en enero bajó a cinco, pero en febrero saltó a 69 publicaciones. Ya en marzo superaba los 43 mensajes. En muchos de ellos, el jefe de Estado siembra dudas sobre la legitimidad de las elecciones sin presentar pruebas formales ante las autoridades competentes. Esta escalada ha generado tal inquietud que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió convocar una audiencia pública donde el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano pidió al presidente que sustente sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral.

El trasfondo es constitucional. Colombia establece que el presidente representa la unidad nacional, pero simultáneamente prohíbe que los funcionarios públicos intervengan en política o en procesos electorales. Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, explica que el problema radica en una brecha entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. "Según mandato de la Constitución, el presidente de la República representa la unidad nacional. Pero al mismo tiempo existen normas que reiteran la imposibilidad de que los funcionarios públicos intervengan en política y mucho menos en elecciones. Lamentablemente, en el caso de los presidentes, esas reglas terminan siendo letra muerta", afirma.

Para Herrera, la raíz del problema es que los controles institucionales contra el presidente son débiles. "Los controles que tiene un presidente de la República son inanes. No hay organismo que investigue seriamente sus exabruptos. La Comisión de Acusaciones es paquidérmica, ineficiente y seguramente infructuosa en su existencia. Por eso vemos escenarios como los actuales y los seguiremos viendo: una especie de legalización de hecho para que los presidentes puedan meter la cuchara en la política de manera impune".

La Procuraduría General de la Nación también se mostró preocupada. El viceprocurador Julián Alejandro Fernández planteó en la audiencia que lo más grave es la confusión de roles que genera todo esto. "En este contexto electoral se están confundiendo los roles del presidente de la República. Una cosa es ser el representante de la unidad nacional y otra actuar como un actor político o como un quejoso en procesos disciplinarios o penales", señaló. Para Fernández, el problema central es que se haga esto mediante redes sociales, sin un debate institucional previo. "Si el presidente considera que existe una conducta irregular o incluso un delito, el Estado le ofrece los canales institucionales para denunciarlo. Lo que no puede ocurrir es que se cuestione la legitimidad del proceso a través de Twitter".

El abogado constitucionalista Ramiro Bejarano advierte que la libertad de expresión del presidente no es un cheque en blanco. "La libertad de expresión y de opinión no son derechos absolutos en ninguna parte del mundo. Tienen límites, y el primero es no afectar los derechos de los demás ciudadanos ni poner en riesgo el orden institucional". Bejarano es enfático: "El presidente puede expresar lo que le parezca. Lo que no puede es hacer sindicaciones a través de las redes sociales y poner en duda la transparencia del proceso electoral sin pruebas. Eso es una actitud peligrosa". Su pregunta resume la inquietud nacional: "¿Vamos a llegar tranquilos a las elecciones del 29 de mayo o vamos a enfrentar un ambiente de zozobra alimentado desde la propia Presidencia?".

La audiencia que tiene lugar en el tribunal de Cundinamarca podría sentar un precedente histórico. No solo define si el presidente puede cuestionar el proceso electoral, sino también hasta dónde puede hacerlo sin rebasar su rol constitucional. Como advierten los expertos, si los jueces no trazan una línea clara, Colombia podría consolidar una práctica donde los presidentes participan abiertamente en la contienda política mientras cuestionan la legitimidad de las reglas del juego.