La corrupción dentro de la DIAN llegó hasta La Guajira. La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro funcionarios de la seccional departamental por presuntamente incurrir en actos ilegales que van desde cobros injustificados hasta proteger actividades de contrabando. Los procesados, capturados en Riohacha, fueron presentados ante un juez de control de garantías para que se determinara su situación legal.

Los cuatro señalados son Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez, Jorge Enrique Ariza Vivero y Erwin Yasser Escudero Rondón. La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que se encarga de investigar delitos que afecten las finanzas del Estado, fue la responsable de las pesquisas que llevaron a su captura.

Tres de los acusados presuntamente presionaron a la representante legal de una IPS llamada Medicar, ubicada en Riohacha. Según la Fiscalía, detectaron inconsistencias tributarias y contables en la empresa durante fiscalizaciones, y luego exigieron 100 millones de pesos para evitar sanciones que superarían los 1.500 millones. Como la empresaria no entregó el dinero, fueron aplicadas acciones administrativas contra su negocio, incluyendo embargos a cuentas bancarias y requerimientos reiterados. Los investigadores documentaron al menos seis reuniones entre los funcionarios y la víctima, dos de ellas relacionadas explícitamente con solicitudes de dinero.

El cuarto implicado, Erwin Yasser Escudero Rondón, enfrenta un escenario distinto pero igualmente grave. Es señalado de haber alertado a una organización delincuencial dedicada al contrabando sobre operativos y controles aduaneros que se realizaban en la troncal del Caribe. Además, habría facilitado la devolución de mercancía incautada y permitido el paso de productos ingresados ilegalmente al país, a cambio de dinero. La Fiscalía documentó siete eventos delictivos en los que Escudero Rondón habría participado, incluyendo falsas incautaciones de cigarrillos.

En las audiencias celebradas, la Fiscalía imputó a los cuatro el delito de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio, dependiendo del grado de participación que cada uno habría tenido. Sin embargo, ninguno de los acusados aceptó los cargos formulados. Mientras avanzan las etapas del proceso judicial para esclarecer las responsabilidades, los procesados permanecen recluidos en la cárcel Caimeg de la ciudad.