El Gobierno de Gustavo Petro volvió a abrir la llave del endeudamiento en las primeras semanas del año para resolver una crisis de caja evidente: gasta mucho más dinero del que está recibiendo, y necesita pedirlo prestado urgentemente. Según un análisis del Banco de Bogotá, en apenas trece días de febrero, el Ministerio de Hacienda colocó títulos de deuda conocidos como TES por siete billones de pesos mediante operaciones con entidades públicas. Esa cifra equivale al 87,5% de todo lo que el Gobierno había planeado endeudarse durante todo 2026. Para ponerlo en perspectiva: es como si alguien planificara usar su tarjeta de crédito durante todo un año, pero termina usando casi el 90% del límite en solo dos semanas.

Lo que provocó esta prisa fue simple: el Gobierno tenía obligaciones financieras estimadas en 41 billones de pesos para pagar solo en febrero. Cuando tienes que hacer giros tan grandes y los ingresos no alcanzan, hay que recurrir al mercado de deuda. El problema es que mientras más títulos sacas a la venta, menos atractivos se vuelven para los inversionistas, quienes entonces exigen tasas de interés más altas para prestarle dinero al Estado. Es como si una tienda baja los precios de un producto porque tiene demasiada cantidad: a menor demanda, menores ganancias.

Los números de enero revelan el fondo del asunto. En el primer mes del año, el Gobierno ejecutó 92,3 billones de pesos en gastos. Eso representa un incremento del 41% comparado con enero del año anterior. Los expertos calculaban que debería gastar 79,9 billones para mantener el ritmo anual programado, pero se pasó por 12,5 billones. Al ritmo que va, antes de terminar marzo ya habrá quemado casi el 17% del presupuesto anual completo. Aquí está el nudo del problema: los ingresos mejoran lentamente, pero el gasto aceleró como un auto sin frenos.

Este endeudamiento acelerado tiene consecuencias reales en el bolsillo de los colombianos. Cuando el Gobierno necesita pedir dinero más caro porque el mercado desconfía de sus finanzas, esos costos se trasladan a todos lados. Afecta la capacidad de invertión en servicios públicos, influye en las expectativas de inflación futura y genera presión sobre las tasas de interés que los bancos cobran en créditos hipotecarios y de consumo. Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, los analistas revieron al alza sus proyecciones sobre el costo de la deuda pública, concentrándose en tasas superiores al 13% para los títulos con vencimiento en 2032. Hace pocos meses la percepción era menos pesimista.

El problema es estructural, no coyuntural. El Gobierno autorizó un cupo de endeudamiento de 152,2 billones de pesos para 2026, la segunda cifra más alta de la última década y solo superada por 2025. De ese monto, 60,3 billones se destinarán solo a refinanciar deuda que ya vence, es decir, a pagar deuda vieja con deuda nueva. Es como si una persona pidiera prestado para pagar otras deudas, sin resolver el problema de fondo: el gasto sigue siendo mayor que el ingreso.

Los analistas advierten que esta dinámica continuará mientras el Gobierno no encuentre dinero en dólares que tiene guardado, cerca de diez mil millones según las estimaciones. Hasta que eso no suceda o cambien las condiciones del mercado cambiario, seguiremos viendo al Ministerio de Hacienda sacando más deuda en pesos para resolver necesidades de corto plazo. Marzo podría traer algo de alivio temporal si llegan giros de utilidades del Banco de la República y Ecopetrol, pero la presión estructural seguirá ahí, recordándole al país que gastar permanentemente más de lo que se gana es un camino insostenible.