En el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición de los Combustibles Fósiles desarrollada en Santa Marta, legisladores de más de 35 naciones lanzaron un llamado urgente para acelerar el cambio hacia energías limpias. Durante una rueda de prensa, la red Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles insistió en que la transición energética debe dejar de ser una aspiración y convertirse en políticas reales, con leyes, presupuestos públicos y marcos nacionales de largo plazo que garanticen su implementación.

Los parlamentarios presentaron un diagnóstico que va más allá de lo ambiental. Señalaron que la dependencia de los combustibles fósiles representa un desafío estructural en términos políticos y económicos que expone a los países a conflictos, interferencias externas, coerción y sistemas energéticos volátiles. El contexto geopolítico reciente reforzó esta posición: los desarrollos en Medio Oriente han afectado los mercados de petróleo y gas, dañado infraestructuras energéticas y generado disrupciones económicas en distintas regiones. De igual forma, mencionaron el caso de Venezuela, donde la riqueza petrolera continúa influyendo en disputas de poder en el continente americano.

Un punto central del llamado se enfoca en las finanzas globales. Los legisladores advierten que una transición justa requiere sistemas financieros que amplíen el espacio fiscal de los países, en lugar de profundizar su endeudamiento. Insistieron en la necesidad de redirigir la financiación pública hacia energías renovables y de establecer políticas más estrictas para orientar la inversión privada, con criterios de transparencia y rendición de cuentas. Reconocieron que cada país enfrenta realidades distintas y que no existe una ruta creíble sin apoyo internacional accesible que no genere nuevas cargas de deuda.

Para los parlamentarios, una transición justa hacia energías limpias traería beneficios que van más allá de la reducción de emisiones. Permitiría proteger la naturaleza, reducir la exposición a choques de precios, mejorar la salud pública, fomentar una planificación económica más equitativa y debilitar factores estructurales asociados a la guerra, el despojo y la pobreza. Como señalaron en una declaración conjunta: "Este no es solo un imperativo ambiental. Es una necesidad social, económica y geopolítica".

Los legisladores aclararon que mientras el mundo siga anclado a los combustibles fósiles, continuará atrapado en ciclos de destrucción ambiental, inestabilidad y confrontación. El proceso parlamentario que desemboca en la conferencia de Santa Marta ha incluido consultas escritas, diálogos regionales virtuales y un foro parlamentario, con participación de más de 35 países coordinados por la red. Los legisladores expresaron su expectativa de que la conferencia contribuya a cambiar el enfoque global, pasando de las declaraciones a la implementación efectiva de políticas para construir un futuro más estable, equitativo y sostenible.