Durante los últimos días de abril, en Santa Marta se cerró una conferencia dedicada específicamente a la transición más allá de los combustibles fósiles. Allí, delegados y expertos comenzaron a señalar algo que muchos ya pensaban: los mecanismos actuales de la gobernanza climática se quedan cortos ante una crisis de esta magnitud.

Juan Carlos Monterrey, representante especial para el cambio climático del Ministerio de Ambiente de Panamá, fue enfático en su diagnóstico. En entrevista con El Tiempo, insistió en que las decisiones adoptadas en las Conferencias de las Partes o COP (las grandes cumbres climáticas que reúnen a países cada año) "no son suficientes" para enfrentar el calentamiento global y sus efectos asociados. Monterrey señaló que "tenemos una convención de clima desde hace más de tres décadas, pero nunca hemos puesto el dedo en la llaga sobre la causa real de la crisis", refiriéndose a la dependencia que los países tienen de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.

Lo importante de esta conferencia, según el funcionario panameño, es que finalmente abrió una conversación que durante años fue evitada: la necesidad de eliminar progresivamente estos energéticos. Sin embargo, su evaluación es clara: los acuerdos actuales no tienen fuerza legal suficiente para garantizar cambios reales. "Las decisiones de la COP no van a ser suficientes. Necesitamos una base legal mucho más fuerte", enfatizó.

Panamá propone que ese fortalecimiento puede ocurrir de varias maneras: creando un nuevo tratado internacional específico sobre combustibles fósiles o reformando el sistema de Naciones Unidas con enmiendas y nuevos instrumentos jurídicos que sean vinculantes. Es decir, obligatorios. La idea es dejar atrás la dinámica actual donde los países hacen compromisos voluntarios y pasar a obligaciones claras y exigibles.

Monterrey también impulsó una visión más amplia: transformar la forma en que se entiende la relación entre sociedad y naturaleza. Propone una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza que eleve los ecosistemas a la categoría de sujetos de derecho. "La naturaleza no puede seguir siendo vista solo como un recurso a explotar", sostuvo. "Debemos entenderla como un sistema vivo que sostiene el bienestar humano". Panamá ya adoptó una ley nacional sobre derechos de la naturaleza en 2022, que ya ha sido utilizada por tribunales del país, mostrando que estas ideas pueden convertirse en herramientas jurídicas funcionales.

El funcionario también señaló la necesidad de que los países incorporen la naturaleza en sus cuentas económicas nacionales. No se trata de vender la naturaleza, sino de reconocer el valor real de los servicios que proporciona: agua, regulación del clima, y apoyo a actividades económicas. Esto permitiría que los gobiernos tomen mejores decisiones sobre si conservar o explotar un ecosistema. "Incluir la naturaleza en las cuentas nacionales puede cambiar decisiones de política pública", indicó Monterrey.

En paralelo, Panamá presentó avances de su agenda ambiental conocida como Pacto por la Naturaleza, que incluye la restauración de cien mil hectáreas de ecosistemas, la reducción del once por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de áreas protegidas tanto en tierra como en el mar. El país también ha trabajado junto a Colombia, Costa Rica y Ecuador en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.

Monterrey concluyó con una idea clara: "Esto no es el final, es el primer paso". Pero dejó en claro que sin cambios en las reglas del juego global, los avances seguirán siendo insuficientes frente a una crisis que ya no puede esperar más.