La situación en Irán se ha vuelto insostenible. Mientras el país atraviesa un período de convulsión social por la inflación récord y el colapso de su moneda, las fuerzas de seguridad han respondido con una represión que ha dejado cientos de fallecidos y miles de personas detenidas. Volker Türk, máximo responsable de derechos humanos en las Naciones Unidas, no tuvo dudas en calificar esta respuesta como inaceptable y exigió que termine inmediatamente.

"La muerte de manifestantes pacíficos debe cesar", subrayó Türk, quien además criticó duramente que las autoridades calificar a los manifestantes de terroristas para justificar la violencia contra ellos. El diplomático recordó que hace poco más de un año, en 2022, Irán ya vivió protestas similares que fueron sofocadas de igual manera, con una respuesta que recurre a "la fuerza bruta para reprimir las demandas legítimas de cambio". Lo que se observa ahora es un patrón repetido: ciudadanos reclamando por justicia económica y equidad, y el gobierno respondiendo con represión.

Desde el 28 de diciembre, los protestantes han salido a las calles en todas las provincias. Sus quejas eran inicialmente económicas, pero han evolucionado hacia demandas más profundas de transformación política. Según reportes internacionales, los hospitales están desbordados por heridos, entre ellos menores de edad. Las fuerzas de seguridad han utilizado disparos directos con fusiles, escopetas con perdigones de metal, cañones de agua y gases lacrimógenos. Además, han allanado hospitales e intentado arrestar a manifestantes mientras estaban siendo atendidos.

Lo que hace más grave el panorama es que desde el 8 de enero las autoridades bloquearon internet en todo el país, lo que impide la comunicación, afecta servicios de emergencia y dificulta que el mundo verifique lo que realmente está pasando. Türk fue enfático: "Los iraníes tienen derecho a manifestarse pacíficamente" y sus reclamaciones deben ser escuchadas, no instrumentalizadas.

Un aspecto particularmente alarmante es lo que denuncian expertos en derechos humanos: varios funcionarios judiciales han hablado públicamente sobre aplicar la pena de muerte contra manifestantes mediante procedimientos acelerados. Los expertos advierten que si esto se ejecuta, se sumaría a las presuntas ejecuciones extrajudiciales ya ocurridas en las calles, pero esta vez con respaldo estatal. Más de 2600 personas han sido detenidas, incluyendo estudiantes, según los reportes.

La comunidad internacional coincide en un mensaje: el ciclo de violencia debe romperse. No solo porque viola leyes internacionales de derechos humanos, sino porque es insostenible. Los expertos de la ONU instan a Irán a crear un espacio para el diálogo auténtico, donde las demandas genuinas de la población sean escuchadas como demandas políticas legítimas y no como amenazas que justifiquen más represión.