Mientras el mundo observa el escalamiento del conflicto regional en Medio Oriente, una realidad preocupante pasa desapercibida: las violaciones de derechos humanos contra los palestinos siguen aumentando sin que reciban la atención internacional que merecen. Así lo advirtió esta semana la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que monitorea la situación en los territorios palestinos ocupados e Israel. El organismo expresó su consternación ante el número de víctimas mortales y exigió que todas las partes involucradas en cualquier conflicto rindan cuentas por violar el derecho internacional.

En Gaza, los números son alarmantes. Desde el 28 de febrero, bombardeos aéreos, ataques con artillería y drones israelíes han matado al menos a 200 personas, según el Ministerio de Sanidad local. Pero las muertes son solo la punta del iceberg. Las autoridades israelíes han cerrado pasos fronterizos, cortado movimientos humanitarios en ciertas zonas y prácticamente paralizaron las evacuaciones médicas, dejando a los palestinos sin acceso adecuado a atención médica, alimentos seguros ni vivienda digna. La situación, señala la comisión, sigue siendo "terrible" incluso después del supuesto alto el fuego de octubre de 2025, con los niños siendo especialmente afectados.

La comisión fue más allá y reiteró algo que ya había determinado: que Israel cometió entre octubre de 2023 y julio de 2025 actos que califican como genocidas contra el pueblo palestino en Gaza. Y subraya que estas conductas continúan hasta hoy. Esto genera un contraste preocupante con la falta de consecuencias legales internacionales visibles.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la violencia adopta otras formas. Al menos 22 palestinos, entre ellos menores de edad, han muerto desde el 28 de febrero a manos de colonos israelíes o fuerzas de seguridad. Lo más grave es que la comisión documenta un patrón sistemático: colonos israelíes, frecuentemente respaldados por tropas militares, usan cada vez más la violencia sexual contra mujeres palestinas como mecanismo de intimidación y expulsión de tierras. Todo esto ocurre con impunidad casi total.

La comisión también condenó una ley aprobada recientemente por el Parlamento israelí que autoriza la pena de muerte por ahorcamiento contra palestinos acusados de asesinato relacionado con terrorismo. El problema es que esta ley solo se aplica en tribunales militares donde se juzga a palestinos en territorios ocupados, mientras que los ciudadanos israelíes en el mismo territorio están protegidos por un sistema judicial civil separado. Se trata, según el organismo, de discriminación institucionalizada.

Aunque un alto el fuego temporal entre Israel e Irán podría parecer un primer paso hacia la paz regional, la comisión advierte que la comunidad internacional no puede permitir que este conflicto más amplio oculte el sufrimiento sistemático de los palestinos. El próximo informe detallado se presentará en junio de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mientras tanto, la pregunta que persiste en la región es cuándo la presión internacional obligará a que quienes violan el derecho internacional enfrenten realmente consecuencias.