La situación de seguridad en Colombia se ha deteriorado de manera preocupante. Así lo advierte el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos. El documento señala que "los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales continúan afianzando su presencia territorial y control social", lo que amenaza seriamente el ejercicio de los derechos fundamentales en varias regiones del país.

Lo más preocupante es que los análisis de la ONU revelan que Colombia corre el riesgo de volver a tiempos oscuros. El Alto Comisionado estableció que "Colombia se enfrenta a la posibilidad de retroceder a la grave situación de derechos humanos experimentada antes de la firma del Acuerdo de Paz". Esta advertencia no es menor: significa que los avances conquistados en casi una década de implementación del acuerdo podrían desmoronarse si la violencia continúa escalando sin control.

El contexto electoral agudiza el problema. Durante 2025 se registraron 18 homicidios de líderes políticos y 126 ataques y amenazas contra diversos actores electorales, incluyendo funcionarios municipales, concejales y activistas. Uno de los casos más graves fue el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto tras un atentado durante un mitin político. Según la ONU, "la violencia y el conflicto, juntamente con el surgimiento de la violencia preelectoral, han generado mayores riesgos para el ejercicio libre y seguro de algunos derechos civiles y políticos".

La Defensoría del Pueblo había identificado que 649 municipios requieren acción inmediata y urgente por sus niveles de riesgo. Las zonas más críticas son el Catatumbo, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta, además de departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. En estos territorios, los grupos criminales son responsables de desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos y reclutamiento de menores, particularmente entre comunidades étnicas.

La violencia también ha saltado a las redes sociales. La ONU reporta un incremento de discursos de odio y expresiones discriminatorias en plataformas digitales, que se suma a la violencia física para obstaculizar unas elecciones democráticas y tranquilas. Frente a esto, la ONU fue clara en su llamado: "El Gobierno debe adoptar medidas efectivas para prevenir violaciones de los derechos humanos y garantizar la participación política y el ejercicio de los derechos políticos. La protección de estos derechos es fundamental para realizar elecciones pacíficas".

Conscientes de la gravedad, la Defensoría, la ONU, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz y la Iglesia católica impulsaron un "Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz", convocando a partidos y movimientos políticos a abstenerse de incitar violencia y respetar las garantías democráticas.

Un agravante adicional es que el ACNUDH ha sufrido recortes presupuestales que incluyeron el cierre de oficinas en Medellín, Neiva y Villavicencio, además de una reducción de aproximadamente el 50 por ciento de su personal. Esto ha debilitado su capacidad de monitoreo y acompañamiento precisamente cuando más se necesita vigilancia en las regiones en conflicto, generando preocupación entre autoridades y organizaciones sociales que claman por mayor presencia internacional en el terreno.