La tensión entre Israel y la comunidad internacional alcanzó un nuevo punto crítico esta semana cuando el Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó públicamente la entrada ilegal de autoridades israelíes a un centro de salud de la Agencia para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Oriental el pasado 12 de enero, así como la orden de cerrarlo temporalmente. El comunicado oficial señaló que esta instalación atiende a cientos de pacientes palestinos diariamente y representa la única fuente de atención primaria de salud para la mayoría de ellos. Guterres también expresó profunda preocupación por reportes de que las empresas de servicios públicos cortarán próximamente el suministro de electricidad y agua a varias instalaciones de la ONU en la zona.

Las medidas israelíes no son aisladas. En los últimos días, el gobierno ha incautado el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y aprobó una ley en la Knesset para terminar las operaciones de esta agencia en territorio israelí. Guterres insistió en que estas acciones violan la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, un instrumento internacional que protege las instalaciones de la ONU de cualquier injerencia estatal. El Secretario General pidió que se restituyan inmediatamente ambas instalaciones y se garantice el mantenimiento de servicios básicos.

Sin embargo, la crítica más contundente provino de expertos en derechos humanos de la ONU. Una veintena de relatores especiales declaró que la suspensión de 37 organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia vital en Gaza y Cisjordania constituye una violación flagrante del derecho internacional. Según explicaron en una declaración conjunta, "prohibir que organizaciones que salvan vidas operen en Gaza marca una nueva fase en una política que hace la vida insoportable para una población ya devastada por el genocidio". Israel justificó la medida como de seguridad nacional, argumentando que estas ONG han apoyado procedimientos legales contra ciudadanos israelíes, participado en boicots o se negado a reconocer a Israel como un Estado judío y democrático.

Los expertos advirtieron que esto no es un evento aislado sino parte de un ataque sistemático. Documentaron que desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado a más de 500 trabajadores humanitarios y al menos 1500 trabajadores de la salud. Agregaron que hasta finales de 2025 permanecían bloqueados casi 50 millones de dólares en ayuda vital. La situación se agravó en diciembre cuando agencias de la ONU y ONG solo lograron entregar 14.600 tiendas de campaña para 85.000 personas en invierno, dejando a 1,3 millones de palestinos sin refugio adecuado. Ya se han reportado varias muertes por hipotermia en menores de edad.

Los relatores utilizaron un término que refleja la gravedad del panorama: "genocidio sin testigos". Explicaron que los periodistas han sido asesinados o expulsados de Gaza, las organizaciones humanitarias están paralizadas, y la sensación global de un "alto el fuego" ha permitido que atrocidades ocurran sin escrutinio público. "No quedan palabras para describir en lo que se ha convertido Gaza", enfatizaron los expertos en su declaración.

La respuesta internacional es clara: los relatores instaron a la comunidad mundial, especialmente a países con influencia política, a garantizar el acceso incondicional a ayuda humanitaria. "Es inaceptable que un Estado acusado de crímenes internacionales y que mantiene una ocupación ilegal bloquee el acceso a la ayuda vital en territorio ocupado", afirmaron. También advirtieron que otros líderes estatales podrían ser responsables internacionalmente si no toman medidas preventivas contra nuevos actos de genocidio.

Los expertos coincidieron en un punto: poner fin a la ocupación israelí de Palestina sigue siendo la única vía hacia una paz duradera. Mientras tanto, exigieron que los Estados trabajen para eliminar obstáculos a la acción humanitaria y garanticen acceso seguro y sostenido a través de corredores terrestres y marítimos supervisados por la ONU.