La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos presentó este martes 23 de junio un informe de 22 páginas ante el Consejo de Derechos Humanos que señala directamente a Israel por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El documento concluye que "el ataque deliberado contra menores de edad en la Franja de Gaza es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida por parte de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir al pueblo palestino total o parcialmente". Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, afirmó que existen pruebas de que los niños palestinos han sido atacados y asesinados deliberadamente, e incluso se identificaron unidades militares israelíes responsables de estos ataques.

Las cifras son devastadoras. Más de 21.200 menores de edad han muerto en ataques israelíes en Gaza desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, representando casi un tercio del total de víctimas palestinas, que superan los 73.000 fallecidos según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Lo más preocupante es que 265 de esos niños fueron asesinados después de que entrara en vigor el alto el fuego en octubre de 2025. La investigación de Naciones Unidas subraya que las fuerzas israelíes continuaron utilizando "municiones de alta potencia y armas con efectos de amplio alcance en zonas residenciales densamente pobladas, a pesar del creciente número de víctimas infantiles", lo que indica que "tales ataques fueron intencionados".

El informe también documenta otras formas de violencia contra menores palestinos: uso sistemático de violencia sexual como forma de "humillación colectiva", separaciones familiares, desplazamientos repetidos, hambre generalizada, colapso de servicios educativos y sanitarios, y detenciones en cárceles israelíes donde fueron sometidos a torturas y malos tratos. Muralidhar condenó: "Al atacar a los niños, Israel está minando la capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro". En Cisjordania, los investigadores documentaron un aumento alarmante de violencia perpetrada por colonos israelíes contra menores palestinos, incluyendo casos de tortura y violencia de género, así como detenciones masivas con malos tratos sistemáticos que la ONU clasifica como crímenes de lesa humanidad.

En los últimos tres meses, organizaciones israelíes registraron más de 400 actos de violencia perpetrados por colonos contra palestinos en Cisjordania, principalmente incendios de casas y mezquitas, robos de ganado y pintadas con mensajes de odio. Este contexto de violencia creciente ocurre bajo la protección del ejército israelí, y el gobierno de Benjamin Netanyahu anunció en junio una inversión de 330 millones de dólares para construir nuevos asentamientos y sus infraestructuras en la región.

Pero Israel no se quedó callado. El Ministerio de Exteriores israelí rechazó categóricamente el informe este martes, calificándolo como "una pieza de propaganda" y "farsa difamatoria". El gobierno aseguró que la comisión carece de "mecanismos creíbles de verificación" y omite el contexto de la "constante amenaza terrorista" a la cual, según afirma, respondían sus fuerzas de seguridad. También contraatacó diciendo que la ONU ignora los asesinatos y secuestros de menores israelíes cometidos por milicias como Hamás, y sostuvo que Israel "se esfuerza constantemente por minimizar el daño a los niños" mediante facilitación de vacunas, acceso médico y hospitales de campaña. La respuesta israelí caracterizó el documento como el "segundo informe difamatorio de la comisión", haciendo referencia a que ya el año pasado la ONU había acusado a Israel de genocidio.

Más allá de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio han formulado acusaciones similares contra el gobierno Netanyahu. En el plano judicial, Sudáfrica presentó demanda ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de diciembre de 2023, y posteriormente Islandia y Países Bajos se sumaron a esa causa en marzo de 2026. Para Colombia y América Latina, estos informes son relevantes porque alimentan el debate internacional sobre estándares humanitarios en conflictos armados, un tema que sigue siendo sensible en la región.