La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó esta semana un informe contundente que acusa a Israel de aplicar un sistema de segregación racial contra los palestinos en Cisjordania. El documento concluye que existen "fundamentos razonables" para creer que la separación y subordinación de los palestinos busca ser permanente, con el propósito de mantener la opresión y dominación en el territorio.

Volker Türk, responsable de esa Oficina, fue directo en su evaluación: "Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania". Agregó que "Esta es una forma particularmente severa de discriminación racial y segregación, que se asemeja al tipo de sistema de apartheid que hemos visto antes". El informe detalla cómo las autoridades israelíes aplican dos sistemas legales distintos: uno para los colonos israelíes y otro para los palestinos, lo que resulta en un trato desigual en aspectos cruciales como el acceso a tierra, agua y libertad de movimiento.

La violencia contra civiles palestinos es documentada con casos específicos. El 28 de enero de 2025, fuerzas israelíes dispararon contra Saddam Hussein Rajab, un niño de 10 años desarmado, quien falleció días después. El 9 de febrero de 2025, mataron a Sondos Shalabi, una mujer embarazada de ocho meses, tras considerarla "sospechosa" por "mirar al suelo", reconociendo después que estaba desarmada. La impunidad predomina: de más de 1500 palestinos asesinados entre enero de 2017 y septiembre de 2025, las autoridades israelíes abrieron solo 112 investigaciones con apenas una condena.

Más allá de la violencia, el informe expone un sistema de asfixia económica. Israel confisca infraestructura hídrica palestina y desvía el agua hacia sus asentamientos, obligando a la Autoridad Palestina a comprar agua a empresas israelíes que la extraen del territorio ocupado. Miles de palestinos han sido desalojados de sus hogares, lo que el documento señala podría constituir un crimen de guerra. Simultáneamente, se construyen carreteras accesibles solo para colonos, aislando a las comunidades palestinas, mientras se aprueban nuevos asentamientos que según funcionarios israelíes buscan bloquear el establecimiento de un Estado palestino.

Türk fue claro en sus demandas: "Las autoridades israelíes deben derogar todas las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación sistémica contra los palestinos por motivos de raza, religión u origen étnico". También exigió que Israel ponga fin a su presencia en el Territorio Palestino Ocupado, desmantelando asentamientos y respetando el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

El informe concluye con una advertencia: cada tendencia negativa documentada "no solo ha continuado, sino que se ha acelerado. Y cada día que esto se permite continuar, las consecuencias empeoran para los palestinos". Este documento de la ONU se suma a las crecientes críticas internacionales sobre la situación en Palestina, un conflicto que tiene repercusiones globales y que continúa siendo uno de los más complejos en el ámbito de derechos humanos.