La Nueva EPS vive su peor momento. Esta aseguradora, una de las más grandes del país con millones de afiliados, enfrenta una tormenta perfecta: crisis de medicamentos, rotación constante de directivos e investigaciones por corrupción que han sacudido sus cimientos. Para los usuarios, confiar en esta EPS se ha convertido en un ejercicio de paciencia que muchos ya no pueden permitirse.

Las cifras hablan por sí solas. La Defensoría del Pueblo levantó la voz el 9 de febrero alertando sobre un aumento demoledor en las quejas: los reclamos contra la Nueva EPS crecieron un 107 por ciento entre 2024 y 2025. Esto no es un simple número administrativo; representa a pacientes reales esperando medicinas que no llegan, citas que no se confirman, y un sistema de salud que falla en su promesa más básica: cuidar a quienes la confían su vida.

Lo que ocurre en los despachos directivos suma confusión a la crisis. En apenas 21 meses, la Nueva EPS ha tenido cinco interventores diferentes. Aldo Cadena, abogado especializado en derecho a la salud, llegó en enero de 2024 con cercanía política con el presidente Gustavo Petro, a quien sirvió como secretario de Salud en Bogotá. Lo siguió Julio Rincón entre abril y noviembre del mismo año. Luego vino Bernardo Camacho Rodríguez, quien después pasaría a ser superintendente de Salud y dirigió la entidad hasta agosto de 2025. Gloria Polanía ocupó el cargo apenas tres meses, enfrentando críticas porque no había aprobado el examen de conocimientos requerido por la Universidad Nacional para el puesto. Actualmente, Luis Óscar Galves Mateus, bacteriólogo, lidera la interventoría. Tanta rotación deja una pregunta incómoda: ¿quién realmente está al timón?

Detrás de esta inestabilidad hay un escándalo más profundo. La Fiscalía imputó cargos a inicios de febrero al expresidente José Fernando Cardona Uribe por ocultar información financiera crucial. Según las investigaciones, exfuncionarios de Nueva EPS mintieron sobre el estado de la entidad para renovar su licencia de funcionamiento y evitar supervisiones. El daño fue monumental: se ocultaron 3,4 millones de facturas de deudas con hospitales y clínicas, y se reportaron ganancias falsas de más de 70 mil millones de pesos entre 2013 y 2023.

Mientras los directivos cambiaban y los escándalos estallaban, los pacientes simplemente se quedaban sin medicinas. Andrés Ariza, infectado con VIH hace 30 años, resume la pesadilla: lleva un mes sin recibir sus antirretrovirales, compra de su propio bolsillo el escitalopram gastando 60 mil pesos mensuales, y sigue esperando por su medicamento para la presión. Lo más grave: ni siquiera le responden sus solicitudes de cita médica. Su caso es uno entre miles, pero adquirió rostro público con la muerte de Kevin Acosta, un menor que falleció esperando su medicamento para la hemofilia. El caso reavivó el debate sobre responsabilidades, cuando el presidente Petro señaló que "¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos", en declaraciones hechas durante un Consejo de Ministros.

La Nueva EPS no es la única EPS en problemas: el Gobierno ha intervenido ocho en total. Pero esta se destaca por el volumen de sus afiliados, la escala de su crisis y las preguntas sin respuesta sobre si toda esta inestabilidad directiva realmente está sirviendo para arreglar lo que se rompió.