Colombia lleva años convertido en lo que podría llamarse un deporte nacional: proponer cambios constitucionales. Cada cierto tiempo emerge una nueva iniciativa para reformar, reinterpretar o reemplazar completamente la Constitución Política. La más reciente viene del senador Iván Cepeda, quien promueve una Asamblea Nacional Constituyente precedida por un Acuerdo Nacional. Se presenta como una iniciativa democrática y necesaria, pero detrás de esa narrativa aparentemente moderada existe una discusión profunda sobre si realmente conviene modificar las reglas fundamentales sobre las cuales descansa la democracia colombiana.

La pregunta inicial debería ser la más simple: ¿necesita Colombia una nueva Constitución? La Carta Política de 1991 tiene apenas 35 años vigente, lo que en términos históricos la convierte en un documento relativamente joven. Más importante aún, muchas de sus disposiciones ni siquiera han sido desarrolladas o implementadas completamente por el Estado. Resulta difícil justificar la necesidad de redactar una nueva Constitución cuando todavía existen múltiples aspectos de la actual que no se han materializado de manera completa. El verdadero problema de Colombia no es la ausencia de normas, sino el incumplimiento de muchas de ellas.

Quienes enfatizan los problemas de inseguridad, pobreza, corrupción, educación y crecimiento económico tienden a culpar a supuestos defectos en el texto constitucional. Sin embargo, estos problemas no derivan necesariamente de lo que dice la Constitución, sino de la falta de ejecución, liderazgo y capacidad de gestión de quienes gobiernan. La Constitución de 1991 nació de uno de los acuerdos políticos más amplios de la historia reciente, con participación de liberales, conservadores, movimientos sociales, minorías políticas, comunidades étnicas y actores de procesos de desmovilización. Fue un esfuerzo nacional para construir un Estado más moderno, pluralista y respetuoso de las libertades individuales.

Lo paradójico es que quienes ahora afirman defender el espíritu democrático de 1991 promuevan la apertura de un proceso constituyente impulsado desde una visión política e ideológica particular. Porque la verdadera discusión no es sobre reformas administrativas ni ajustes técnicos. Se trata de la posibilidad de redefinir las reglas fundamentales de la República. Colombia, con todas sus dificultades, ha logrado mantenerse como una de las democracias más estables de América Latina mientras varios países han atravesado ciclos de crisis institucionales o concentraciones excesivas de poder. Una de las razones principales de esa estabilidad ha sido el funcionamiento de los pesos y contrapesos: el Ejecutivo no puede hacer lo que quiera, el Congreso limita al Gobierno, las cortes controlan los excesos del poder. Ese equilibrio constituye uno de los principales activos de la democracia colombiana.

Genera preocupación que mientras se promueve la idea de una constituyente, también se plantee repensar instituciones como el Consejo de Estado. El mensaje político resulta inquietante cuando se propone debilitar organismos que históricamente han servido para controlar al Ejecutivo y proteger el equilibrio institucional. La experiencia latinoamericana muestra que las asambleas constituyentes, aunque se presentan como ejercicios de participación y renovación democrática, en numerosos casos han terminado convirtiéndose en mecanismos para alterar equilibrios de poder, debilitar controles institucionales y adaptar las reglas de juego a las necesidades políticas del sector gobernante.

No existe una crisis institucional que justifique abrir un proceso constituyente. No hay un colapso del sistema democrático ni una demanda nacional masiva por reemplazar la Constitución de 1991. Lo que sí existe es la intención de algunos sectores políticos de impulsar una nueva discusión constitucional cuando aún no han logrado ejecutar satisfactoriamente buena parte de las transformaciones que prometieron dentro del marco institucional vigente. Los ciudadanos no están pidiendo una nueva Constitución. Están pidiendo más seguridad en las calles, mejor atención en salud, más empleo, menos corrupción, infraestructura que funcione y oportunidades para progresar. La política nacional parece cada vez más concentrada en grandes batallas simbólicas, mientras millones de colombianos siguen esperando soluciones en el metro cuadrado de sus vidas.

La Constitución de 1991 no es perfecta, pero ha sido el marco institucional que permitió ampliar derechos, fortalecer la descentralización, reconocer la diversidad del país y preservar una democracia que continúa funcionando. Antes de pensar en reemplazarla, Colombia debería concentrarse en algo mucho más sensato: cumplirla. Los problemas del país no se solucionan cambiando la Constitución cada vez que cambia el gobierno. Se solucionan fortaleciendo las instituciones, respetando la separación de poderes y entendiendo que la estabilidad democrática es un patrimonio demasiado valioso como para ponerlo en riesgo.