La congresista Katherine Miranda sacó a la luz un patrón de concentración de recursos que considera anómalo en el sistema de salud. Entre 2023 y enero de 2026, Nueva EPS derivó 3.374 exámenes PET-CT a una única clínica en Ibagué. Estos estudios no son procedimientos menores: son fundamentales para diagnosticar cáncer, definir el estadio de la enfermedad y determinar los tratamientos oncológicos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes.

Los números hablan por sí solos del crecimiento acelerado. En 2023 fueron 176 remisiones; en 2024 subieron a 723; y en 2025 alcanzaron 1.846. Solo en enero de 2026 se enviaron 221 pacientes, superior a todas las remisiones del 2023 combinadas. Eso es un incremento del 949% en poco más de dos años. Miranda enfatizó que "esto no es un crecimiento normal. Es una concentración acelerada en una sola IPS".

El aspecto geográfico de la denuncia revela el costo real para los pacientes. Mientras Bogotá cuenta con 8 instituciones habilitadas para hacer estos exámenes, Antioquia con 7 y otras ciudades con 3 o más, pacientes de Cúcuta fueron enviados a recorrer 16 horas por carretera hacia Ibagué. Peor aún: desde Arauca los enfermos viajaron casi 900 kilómetros, cruzando incluso por Bogotá donde el servicio ya existía. En Risaralda ignoraron una opción a 45 kilómetros y los mandaron a 121 kilómetros de distancia. "Esto no es eficiencia. No es optimización. Es direccionamiento", señaló la congresista.

El impacto económico también pone de relieve dónde estuvieron las prioridades. De 3.374 remisiones, apenas 617 incluyeron viáticos cubiertos por la EPS. Más de 1.400 pacientes pagaron su traslado de su propio bolsillo, a pesar de estar diagnosticados con enfermedades oncológicas de alta complejidad. Miranda lo resumió con claridad: "Sí hubo garantía para pagar 17.600 millones de pesos a la clínica. No hubo garantía para proteger al paciente".

Miranda también planteó conexiones que merecen investigación. Señaló que en el Tolima es conocida "la relación cercana e histórica de la familia del ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, con el dueño de Clinaltec", la institución que concentró estas remisiones. Con esta información sobre la mesa, pidió explicaciones técnicas que justifiquen por qué se tomó una decisión que duplicó costos para pacientes vulnerables mientras concentraba miles de millones en una sola institución privada.

La congresista cerró su denuncia con una pregunta incómoda que resume el panorama: "Cuando las cifras crecen 949%, cuando se concentran miles de millones en una sola IPS y cuando pacientes de alta complejidad recorren hasta 900 kilómetros teniendo el servicio más cerca, ¿estamos frente a un nuevo cartel en la salud?". Pidió intervención de organismos de control y trazabilidad de las decisiones que llevaron a este patrón.