En Colombia, las obras de renovación urbana han sacado a miles de personas de sus casas sin mayores garantías. Un nuevo decreto que prepara el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio busca cambiar eso de raíz. La propuesta es simple pero revolucionaria en el sector: ningún morador podrá ser desplazado a menos que el proyecto que lo saca de su hogar le ofrezca una vivienda equivalente, dentro del mismo desarrollo urbano, antes de irse.

Lo más importante es que esto deja de ser una buena intención para convertirse en una regla obligatoria. El decreto modifica normas anteriores e introduce un capítulo completo dedicado a proteger a quienes realmente viven en esos predios, diferenciándolos de los inversionistas que compraron solo para especular. El Ministerio ancla esta propuesta en el artículo 51 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vivienda digna.

El cambio más radical está en lo que los constructores llaman "viabilidad social". Hasta ahora, los proyectos de renovación funcionaban así: los desarrolladores definían qué construir según la rentabilidad (oficinas, comercio, vivienda de lujo) y las viviendas de reemplazo quedaban al final, si sobraba espacio. Con el nuevo decreto, todo se invierte. La vivienda para los desalojados debe ser lo primero en el diseño del proyecto. Si desde el inicio la estructuración financiera demuestra que no hay dinero para garantizar esas viviendas de reemplazo, simplemente el Estado no puede expropiar. Punto.

Para las personas que viven en esas zonas de intervención, los derechos van más allá de una indemnización en dinero. El decreto contempla vivienda transitoria mientras esperan su nuevo hogar, cubre gastos de traslado y les permite participar en las características finales de su nueva vivienda. Además, se debe garantizar que sus condiciones de vida no empeoren. Esto significa que los desarrolladores tendrán que medir el impacto real sobre las familias: si antes vivían en una comunidad con buenos espacios públicos, la nueva vivienda no puede entregarlos en un edificio aislado.

Los contratos entre el Estado y los constructores privados ahora exigirán especificar quiénes son los moradores originales, cuáles son sus condiciones socioeconómicas y qué mecanismos de protección se les ofrecen. Lo que antes quedaba en promesas se convierte en obligaciones claras desde la firma del acuerdo.

El decreto está en consulta pública hasta el 8 de abril de 2026 en la plataforma Sucop, para que ciudadanos y sectores interesados hagan comentarios. La propuesta invierte la lógica que ha prevalecido en proyectos de renovación urbana colombiana: ya no se trata solo de hacer el negocio rentable, sino de asegurar que quienes pierden su casa ganen una mejor.