El debate sobre la crisis financiera del sistema de salud colombiano alcanzó un punto crítico esta semana cuando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reveló que apenas dos de las 28 EPS que operan en el país cumplen con los requisitos legales para estar recibiendo recursos estatales. Las 26 restantes carecen del capital y las reservas necesarias para funcionar.

Durante una rueda de prensa el pasado 20 de abril, Jaramillo fue contundente al asegurar: "Solamente 2 EPS llenan los requisitos para estar recibiendo dineros del Estado. Aquí seguimos dándole dineros a personas que incumplen la ley". Cuando se le preguntó por qué no se procede a liquidarlas, el funcionario explicó que la mayoría no tiene patrimonio suficiente para hacer frente a sus pasivos. Incluso citó el caso de Sanitas, una de las más grandes del país: "La misma Sanitas no llena los requisitos: no tiene capital ni tiene reservas. Eso implica que está para liquidación, como están 26 de las 28 EPS del país".

Para el ministro, el problema de fondo no es el dinero que el Estado destina a las EPS, sino cómo estas lo gastan. Señaló que durante la pandemia en 2020, cuando los costos médicos fueron más bajos (siniestralidad del 86 por ciento), las EPS generaron excedentes significativos sin devolverlos. Enfatizó que los incrementos anuales de la UPC, que es la prima que financia el sistema, siempre han estado por encima de la inflación durante este Gobierno. El ministro también cuestionó la gestión del riesgo de las EPS, señalando que ninguna tiene indicadores aceptables en áreas como prevención del cáncer, control de diabetes, hipertensión y reducción de hospitalizaciones evitables.

Jaramillo fue especialmente crítico con Acemi, la asociación que agrupa a las EPS del régimen contributivo. Citó una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio de 2009 que sugería que Acemi recomendaba a sus afiliadas reportar información que reflejara una menor suficiencia financiera para justificar aumentos en la UPC. El ministro denominó esto como "delictivo" y pidió un Gobierno serio que "acabe con Acemi".

Esta posición contrasta significativamente con lo que sostienen otros actores del sistema. En diciembre de 2025, colectivos como Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud alertaron sobre una "urgencia vital" e indicaron que el endeudamiento supera los 32,9 billones de pesos, con más de 1,6 millones de quejas registradas en 2024 y más de 265 mil tutelas presentadas. La Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de enero de 2025, ordenó al Ministerio ajustar la metodología de cálculo de la UPC porque no ha demostrado la suficiencia de esta prima.

Organizaciones de pacientes, sociedades científicas y universidades presentaron análisis técnicos sugiriendo que la UPC 2026 debería haberse ajustado entre un 15 y un 17,33 por ciento. Un estudio internacional publicado en Health Economics Review concluyó que el aumento de apenas 5,36 por ciento para 2025 respondía a "una determinación de carácter político-ideológico" y no a argumentos técnico-científicos.

El debate permanece sin resolver. Mientras el Gobierno controla siete EPS con más de 23 millones de afiliados a través de la Superintendencia de Salud y asegura que el dinero es suficiente si se administra bien, la Corte Constitucional, los pacientes y el sector académico insisten en que la insuficiencia de recursos ya está costando vidas y afectando especialmente a la población más vulnerable del país.