El pulso entre el Gobierno y los gremios empresariales de salud se intensificó cuando Bruce Mac Master, presidente de la Andi, respondió con dureza a las acusaciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. En una rueda de prensa el lunes 20 de abril, el ministro había arremetido contra organizaciones como Acemi, la Andi y Afidro, acusándolas de presionar por más recursos sin demostrar eficiencia. Mac Master no se quedó callado.

"Al ministro de salud hay que exigirle que cumpla con sus obligaciones, que deje de hacer política con el sistema de salud, que por una vez piense en los pacientes y no en sus propios intereses, y que deje de tratar de buscar culpables en los gremios", expresó Mac Master en su respuesta. El líder gremial trasladó completamente la responsabilidad de la crisis hacia el Ejecutivo, afirmando que "el ministro de salud pasará a la historia como el gran culpable de la crisis del sistema, y de todas las consecuencias que la misma traerá sobre los ciudadanos colombianos".

El tono del debate se radicalizó cuando Mac Master advirtió sobre los impactos que ya estaría generando la gestión del Gobierno. "Será él quien deba responderle a la historia por todos los pacientes no atendidos, por todos los procedimientos no realizados, por todas las entidades que entraron en crisis durante la administración", afirmó. Agregó que el ministro estaría "sacrificando la salud de los colombianos para favorecer sus intereses políticos".

Este enfrentamiento ocurre en el contexto de un debate más amplio sobre la financiación del sistema. El Ministerio sostiene que la UPC, que es la prima base que financian los afiliados al sistema contributivo, es suficiente y que el problema radica en cómo las EPS gestionen esos recursos. Sin embargo, múltiples organizaciones incluyendo asociaciones de pacientes, académicos y grupos sociales han advertido que el valor actual no cubre los costos reales de la atención.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto, concluyendo que el Ministerio no ha demostrado que la UPC sea suficiente y ordenando revisar cómo se calcula este valor. Mientras tanto, reportes documentados muestran interrupciones en tratamientos, mayores barreras para acceder a servicios y un aumento constante de demandas judiciales por la salud (tutelas) en contra de EPS.

El choque de perspectivas expone una fractura profunda en el diagnóstico de la crisis. Para el Gobierno, los gremios empresariales priorizan sus ganancias sobre la eficiencia. Para los gremios y otros actores, el Ejecutivo ignora evidencia técnica y agrava el problema al no ajustar adecuadamente los recursos que financian el sistema. Por ahora, el debate permanece enquistado y sin señales de convergencia.