En el Sistema General de Pensiones colombiano, acumular semanas de cotización por encima del mínimo exigido representa una inversión real en el futuro económico del trabajador. A diferencia de lo que muchos piensan, ese tiempo adicional no se pierde ni genera devoluciones en efectivo. Su valor se traduce directamente en un porcentaje más alto de la mesada mensual que recibirá durante la jubilación.

La ley 797 de 2003 establece un esquema gradual para este incremento. El sistema parte de las primeras 1.000 semanas cotizadas, que generan un 65% del Ingreso Base de Liquidación (el promedio de los últimos 80 días de salario). A partir de allí, por cada bloque de 50 semanas adicionales hasta las 1.200, se suma 2% más. Entre las 1.200 y las 1.400 semanas, el incremento sube a 3% por cada grupo de 50 semanas. Así, quien alcance las 1.800 semanas o más llega al tope máximo permitido, que fluctúa entre 70.5% y 80% del ingreso base. Quienes logran las 2.000 semanas, equivalente a más de 34 años de trabajo continuo, garantizan el porcentaje más alto de la legislación.

Para acceder a la pensión de vejez en 2026, los requisitos varían según el género. Los hombres necesitan 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas. Las mujeres cumplen con 57 años, pero el tiempo de servicios se reduce progresivamente por mandato de la Corte Constitucional. En 2026, el requisito para ellas es 1.250 semanas. A partir de enero de 2027, bajará 25 semanas cada año hasta alcanzar un piso de 1.000 semanas. Además, las madres pueden reducir 50 semanas por cada hijo, con límite de tres descendientes, lo que representa hasta 150 semanas menos en el historial laboral.

Una vez cumplidos los requisitos, el trámite es directo. El afiliado debe presentar una solicitud formal con el documento de identidad original y diligenciar tres formularios: Solicitud de Prestaciones Económicas, información de su EPS y Declaración de No Pensión. Colpensiones dispone de un plazo legal de cuatro meses para resolver la solicitud y comunicar el resultado mediante una resolución que especifica el monto exacto y la fecha en que inician los pagos. Si el ciudadano no está conforme con la liquidación o recibe una respuesta negativa, cuenta con 10 días hábiles para presentar recursos de reposición o apelación.