La violencia en Colombia sigue dejando heridas profundas, pese a los anuncios de "paz total". La Defensoría del Pueblo acaba de documentar que en enero pasado, 21.060 personas fueron desplazadas o quedaron confinadas por causa del conflicto armado. El registro incluye 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas, mientras que 17.651 quedaron atrapadas en sus territorios sin poder salir.

A primera vista, estas cifras parecen menores a las de enero de 2025, pero la comparación engaña. El año anterior estuvo marcado por un evento excepcional: los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en la región del Catatumbo dejaron más de 50.000 desplazados en un solo episodio. Por eso cuando se observa con cuidado, la realidad es menos alentadora. "Luego del trabajo realizado en campo y el posterior análisis de los hallazgos, llama la atención sobre las dinámicas de movilidad humana que tuvieron lugar en enero del 2026, la mayoría de ellas asociadas a los efectos derivados del conflicto armado interno", sostiene el informe de la Defensoría.

Las regiones que cargan el peso más pesado son Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia. El Cauca lidera el drama: 1.250 personas desplazadas y ocupando el segundo lugar en confinamientos. En esos departamentos, las comunidades enfrentan una realidad brutal: combates constantes, disputas por el control territorial y restricciones que les cierran las puertas a alimentos, salud y educación.

Pero la crisis humanitaria va más allá de los enfrentamientos internos. Mientras Colombia sufre sus propias heridas, también enfrenta presión migratoria. Más de 10.000 personas, principalmente venezolanas, transitaron por el país en enero, y casi mil ingresaron desde Panamá por el Darién hacia Acandí, en Chocó. Este flujo adicional agota aún más municipios que ya están sin respiro.

La Defensoría suena la alarma: muchas alcaldías y gobernaciones no tienen ni el dinero ni la logística para atender al mismo tiempo a desplazados, confinados y migrantes. Por eso demanda al Gobierno nacional una respuesta diferente. "Se requieren asignaciones financieras y logísticas extraordinarias que no dependan de medidas temporales, sino que sean sostenibles en el tiempo. La atención debe priorizar a los grupos más vulnerables, como niños, mujeres, personas mayores y comunidades étnicas, quienes sufren de manera desproporcionada los efectos del confinamiento", instó la entidad.

La Defensoría también le pide a los gobiernos locales que eviten que la violencia interrumpa lo esencial: las clases en las escuelas y la atención psicosocial a quienes ya están traumatizados. Lo cierto es que aunque enero de 2026 no repitió la tragedia del Catatumbo del año anterior, la violencia, el confinamiento y la migración siguen destrozando vidas en distintas esquinas del país. La paz todavía sigue siendo un sueño muy lejano.