La suerte política de Marine Le Pen se define en París el próximo 7 de julio. Ese día, el Tribunal de Apelación de la capital francesa emitirá sentencia en el caso por malversación de fondos públicos que la envuelve desde hace años, un veredicto que determinará si la líder de Agrupación Nacional podrá presentarse como candidata a la presidencia francesa en 2027. Lo que está en juego no es menor: su carrera política depende de cómo los magistrados resuelvan la cuestión de su ineligibilidad.

En primera instancia, hace apenas unos meses, Le Pen fue condenada el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión (dos de ellos efectivos), multa de 100.000 euros e inhabilitación política por cinco años con ejecución inmediata. Eso la dejaba fuera de cualquier competencia electoral. Pero ahora la Fiscalía General ha suavizado su postura. En sus alegatos de febrero pasado, pidió confirmar la condena pero sin la ejecución provisional de la inhabilitación, lo que significa que Le Pen volvería a ser elegible después del 31 de marzo de 2027, apenas semanas antes de la primera vuelta presidencial.

Según Camille Aynès, profesora de Derecho Público en la Universidad de París-Nanterre que siguió el juicio, existen varios escenarios posibles. El más remoto es su absolución total, algo que considera "extremadamente improbable" dado que los fiscales demostraron que Le Pen conocía perfectamente las normas del Parlamento Europeo y no tenía intención de cumplirlas. Otro escenario poco probable sería una condena sin inhabilitación, lo que Aynès califica como "un auténtico trato de favor" considerando la gravedad de los hechos y cómo otros políticos han sido penalizados por infracciones similares pero menores.

Un tercer escenario que espera Le Pen es una reducción de su inhabilitación a dos años o menos, lo que la haría elegible antes de marzo de 2027. Sin embargo, Aynès advierte que esto tiene pocas posibilidades de ocurrir, ya que muchos cargos electos han recibido penas de cinco años de inhabilitación por delitos menos graves, y Le Pen era la cabeza del presunto sistema de malversación.

El escenario más probable, según la experta, es que el tribunal confirme la condena de la Fiscalía: culpabilidad con inhabilitación de cinco años, pero sin ejecución inmediata. Esto permitiría a Le Pen volver a ser elegible después de marzo de 2027, aunque tendrá diez días para recurrir ante el Tribunal Supremo. "Si decide no recurrir, la condena se vuelve definitiva y la inhabilitación comienza a contar. Si recurre, podría permanecer elegible mientras el Tribunal Supremo resuelve, pero corre el riesgo de que le impida presentarse en el último momento", explica Aynès.

Lo que queda claro es que Le Pen ya ha indicado públicamente que la sentencia del 7 de julio será definitoria para su decisión. Declaró en febrero que "si se aceptan las peticiones de la fiscalía, no podré presentarme a las elecciones", y ratificó días después que no dejará que el asunto se prolongue indefinidamente porque le importa llevar sus ideas al poder. Con esta sentencia se cierra un capítulo judicial que, de una u otra forma, marcará el futuro de la política francesa en los próximos años.