Colombia entra en 2026 con un sistema de castigos más riguroso para quienes se atrevan a conducir bajo los efectos del alcohol. Las nuevas sanciones, que van desde lo económico hasta lo administrativo, buscan golpear el bolsillo de los infractores y quitarles los documentos de circulación durante años. El Código Nacional de Tránsito y la Ley 1696 de 2013 son la base legal de un esquema que escala según qué tan ebrio esté el conductor.

El sistema funciona por grados de alcoholemia, es decir, por la cantidad de etanol en la sangre. Hay cuatro niveles: entre 20 y 39 miligramos de etanol, entre 40 y 99, entre 100 y 149, y superior a 150 miligramos. Entre más alto el nivel, más severo el golpe. Las multas oscilan entre 90 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes. En números concretos, eso significa desde 5,2 millones de pesos en los casos leves hasta superar los 42 millones de pesos cuando es reincidencia con alcoholemia alta. Además, las autoridades suspenderán la licencia de conducción entre uno y diez años, y el vehículo quedará inmovilizado entre uno y diez días hábiles según lo determine el agente de tránsito.

Pero hay algo que asusta aún más a los conductores infractores: negarse a hacerse la prueba de alcoholemia. Quien rechace el examen enfrenta la sanción más pesada del sistema, equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 ronda los 84 millones de pesos. La norma existe precisamente para evitar que los conductores eludan la responsabilidad diciendo que no se dejan probar.

Las autoridades de tránsito enfatizan que cualquier cantidad de alcohol merma la capacidad de reacción y concentración necesarias para manejar con seguridad. Los operativos de control funcionan permanentemente en las principales ciudades y carreteras colombianas, con mayor intensidad en fines de semana y temporadas de alto tráfico vehicular. La meta es clara: reducir la siniestralidad vial, que sigue siendo uno de los problemas de seguridad pública más costosos para el país.